Científicos de talla mundial definirán si hay licencia ambiental para Minesa

El esperado debate de control político en la Cámara de Representantes, realizado en durante la mañana de este jueves a las autoridades ambientales de orden nacional, ofreció claridades sobre el estado actual del estudio a la solicitud de licencia ambiental que presentó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la Sociedad Minera de Santander (Minesa).

 

Del proyecto presentado por Minesa se dice de todo y la mayoría de lo que se escucha son frases para desacreditarlo. Pero lejos de los estigmas sociales, las mentiras y las opiniones mal informadas, el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Suárez, (ANLA) entregó el detalle de la forma como avanza el estudio, por supuesto, sin anticipar posiciones en favor o en contra.

El objetivo de su intervención, aunque no lo dijo, era generar confianza pública en la Anla como máxima autoridad ambiental, confianza de la cual ya hay antecedentes pues, y es pertinente recordarlo, en el pasado varias empresas multinacionales, también interesadas en las reservas de oro de la región de la Provincia de Soto, en Santander, han recibido un NO incólume del gobierno nacional, NO basado precisamente en los conceptos de la ANLA.

Incluso, Ecooro, una de las empresas que recibió la negativa, cursa en la actualidad una demanda archimillonaria contra el Estado Colombiano. Pero esa es otra historia.

Ajustados a la Ley

Primero que todo, el director de la ANLA fue categórico en explicar que el procedimiento para entregar o no una licencia ambiental está reglamentado por una Ley de la República, en lo que se conoce ahora como Código Minero, tramitado en por el Congreso de la República. Y lo explicó con la intención de desmentir versiones citadas en el debate, en las cuales se aseguró que la Multinacional Minesa impuso a su conveniencia las condiciones de su solicitud al gobierno nacional.

En otras palabras, todo lo que se decida frente al tema de Minesa debe estar acorde con ese Código Minero, cuya naturaleza data del año 2001, momento que es importante recordar para decir que Minesa no pudo haberlo influenciado pues su interés por la mina Argentíferos apareció 15 años después. Incluso, la ley ahora vigente para el trámite de solicitud de licencias ambientales, por medio de la cual se rige la ANLA, es mucho más antigua, ubicándose su expedición en el año 1993.

“La autoridad nacional de licencias ambientales ha venido siguiendo de manera estricta el marco normativo legal existente ya desde hace varios años atrás para poder hacer el proceso de licenciamiento ambiental”, dijo el director de la ANLA para precisar también la versión del representante santandereano Fabián Díaz Plata, a quién le explicó que actualmente se encuentra vigente y en funcionamiento un proceso denominado verificación preliminar de documentos en el que se revisan absolutamente todas las solicitudes de manera previa para verificar de manera anticipada si un proyecto de solicitud de licencia ambiental es viable o no.

Al ojo de los científicos
Luego de que la solicitud ambiental presentada por Minesa superará este primer paso, la ANLA, explicó el alto funcionario, realizó una visita a campo en la que se efectuó una inspección a todos los campamentos que en este momento se encuentran activos en zona rural del municipio de California (Santander).

A partir de esa visita la Agencia Nacional de Licencias Ambientales conformó un equipo integrado por 30 profesionales de distintas perspectivas académicas, quienes se encuentran realizando una evaluación detallada desde distintos tópicos del conocimiento: profesionales con experiencia en distintas áreas de la ingeniería,  geología, servicios ecosistémicos, especialistas en tratamiento del paisaje, hidrogeólogos, especialistas en valoración económica, especialistas en valoración social, expertos asociados al tema de aguas subterráneas y aguas superficiales, calidad del aire, manejo climático, entre otros campos del conocimiento.

Además anticipó que varios de estos científicos conforman en la actualidad el cuerpo docente de una Universidad del país que cuenta con prestigio y reconocimiento internacional, centro educativo con el cual se firmó un convenio de apoyo académico para definir la conveniencia real, a la luz de la ciencia, de la eventual puesta en marcha del proyecto minero.

De la misma manera, el director de la ANLA indicó que también ha solicitado conceptos a la Gobernación de Santander, al Departamento Nacional de Estadísticas, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), al Instituto de Hidrología y al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, al Servicio Hidrológico Colombiano, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Minería, así como a la Dirección de Formalización Minera, como también a varios sectores de la ciudadanía quienes han manifestado preocupación sobre el impacto del proyecto en el ecosistema ambiental y social.

“La suma de estos conceptos es lo que nos ha permitido a nosotros hacer una serie de requerimientos a la empresa minera. Debido a que en este momento nos encontramos en fase de evaluación, el resultado de esos análisis no puede hacerse público así como tampoco debo realizar apreciaciones sobre la conveniencia del Estudio de Impacto Ambiental”, indicó Suárez quién hizo hincapié en que la ANLA sí cuenta con las herramientas para medir los impactos ambientales en su totalidad.

 

Tomado del: Frente