Infraestructura como estrategia de crecimiento

En el caso colombiano, la precariedad de nuestros sistemas productivos y las circunstancias geográficas del país representan un reto ante las necesidades de accesibilidad, conectividad y comunicación de las regiones con el interior, que agravan las circunstancias económicas y sociales que acarrea la pandemia. En este sentido, la infraestructura se establece como un pilar transversal de crecimiento para garantizar la prestación de los servicios esenciales por parte del Estado, aumentar los niveles de gobernabilidad y presencia del gobierno central en las regiones, el aumento de conectividad en materia de telecomunicaciones, entre otros.

Dicho esto, es importante traer a colación algunas de las posibilidades y ventajas de orden jurídico que ofrece participar en proyectos de infraestructura.

La infraestructura de transporte terrestre, portuaria y aeroportuaria, los servicios públicos y la provisión de servicios de redes y telecomunicaciones se encuentran declarados como de utilidad pública, de acuerdo con el marco legal que regula cada uno de estos proyectos.

Dicha declaratoria de utilidad pública les permite una acceso prioritario y con ciertas ventajas jurídicas a los predios que requieran para el desarrollo de los respectivos proyectos, que incluyen figuras jurídicas como la imposición de servidumbres y la expropiación.

Así mismo, los esquemas de financiamiento de project finance permiten que la banca internacional sirva para el apalancamiento de los mismos dando el músculo financiero requerido. Por otra parte, la normatividad tributaria busca actualmente fomentar la inversión extranjera especialmente en asuntos de infraestructura orientados al desarrollo de energías renovables.

Ahora bien, la evolución jurídica de la contratación estatal ha provisto estructuras contractuales que permiten la combinación de lo público y lo privado, mediante las asociaciones público privadas que permiten a los particulares crear un esquema asociativo con entidades públicas de los diferentes niveles, para desarrollar proyectos de interés de las dos partes que sean financieramente sostenibles para el particular.

Por otra parte, las figuras de los convenios de asociación creados por la Constitución Política permiten en algunos casos muy puntuales que los particulares puedan apoyar a las entidades públicas en gestiones muy precisas generando beneficios tanto para la entidad como para el particular.

Finalmente, es claro que el proceso de reactivación económica no va a ser fácil y que trae consigo cuestionamientos sobre los modelos económicos anteriormente implementados en el país y sobre si es necesario modificar la orientación que se le ha dado a nuestra economía, sobre si debemos fortalecer el agro y priorizarlo sobre la explotación petrolera o si necesitamos acelerar procesos de industrialización en nuestros esquemas productivos.

Sin embargo, frente a lo que no cabe duda, es sobre la necesidad de integrar a las regiones con el interior y la importancia de fortalecer la conectividad, reto que solo podrá cumplirse a partir del fortalecimiento y crecimiento de infraestructura de transporte, de servicios públicos y de telecomunicaciones.