Cerro Matoso protocolarizo las consultas previas con comunidades vecinas a la operación

El proceso de consultas previas ordenado por la Corte Constitucional fue oficialmente protocolizado con cada una de las comunidades étnicas vecinas a la operación de Cerro Matoso. Estas consultas se realizaron en el marco de las órdenes que emitió la Corte en la sentencia T-733 de 2017, y se llevaron a cabo a lo largo de los últimos 18 meses. La sentencia fue notificada en abril de 2018, se llegó a un acuerdo de preconsultas en noviembre del mismo año y se iniciaron las consultas en enero de 2019 para protocolizarlas ahora, en octubre del presente año.

En los acuerdos entre la comunidad y la compañía, se establecieron medidas para prevenir, mitiga o compensar los impactos ambientales. Además, de manera voluntaria, se amplió el objetivo de las consultas para cubrir el análisis de los potenciales impactos socioeconómicos y culturales y una fase de post-consulta para garantizar la correcta y cumplida ejecución de los acuerdos. También de manera voluntaria, la empresa realizó una consulta previa con una comunidad afro, solicitada directamente por la compañía al Ministerio del Interior, y la socialización (con similares protocolos al
proceso de consulta previa), a seis comunidades no étnicas organizadas en juntas de acción comunal, proceso que finalizará en el mes de octubre.

“Hoy estamos demostrando que cuando dialogamos, nos escuchamos y nos entendemos el uno al otro, generamos confianza, nos reconocemos, nos volvemos más humanos y nos honramos mutuamente”, afirmó Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

Los programas de inversión social acordados, según las necesidades de cada una de las comunidades, incluyen propiedad colectiva de tierras, programas de educación para jóvenes y adultos, acceso a agua potable, mejoramiento de viviendas y proyectos productivos sostenibles para la generación de ingresos, con el fin de mejorar aún más la calidad de vida de los miembros de las comunidades. El acuerdo alcanzado da acceso inmediato a las comunidades étnicas a más de 400 hectáreas de tierra, y crea un fondo para la adquisición de estas, lo cual es un hito en el país.

Los acuerdos incluyen una inversión en medidas ambientales de más de $75 mil millones de pesos, entre los cuales se destaca incrementar las estaciones de monitoreo en los siete corregimientos o veredas que están cerca de la operación. Esto permitirá realizar, de forma conjunta y participativa con miembros de las comunidades consultadas, el monitoreo de agua, suelo y aire, tanto en la recolección de muestras como también en los trabajos de análisis y divulgación de los resultados.

Los programas ambientales también incluyen la certificación de decenas de técnicos ambientales de las comunidades consultadas, a través de programas del SENA, y de diplomados universitarios como veedores ambientales. Además, una universidad externa calificada, junto con los técnicos y veedores
comunitarios, conducirá un estudio cada dos años para analizar los resultados de los monitoreos que se realizan de los diferentes componentes ambientales.

“Gracias a los diálogos, empezamos el programa más ambicioso de la historia de Cerro Matoso y es quizás el que más ha impactado a nuestra comunidad: el programa de becas. Sin esto, no hubiésemos tenido la oportunidad de tener a nuestros hijos en la universidad. ¡El diálogo dio resultado! Esto es un logro histórico y lo conseguimos porque nos organizamos como comunidad” expresó Manuel Taborda, Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Ure.

Si bien las consultas previas hacen parte de una orden de la Corte Constitucional, Cerro Matoso tiene el pleno convencimiento de que este mecanismo no solo es una herramienta de protección de derechos fundamentales, sino que también es la mejor plataforma para sentar las bases para una relación armónica, en el marco del uso compartido y sostenible del territorio.