La Ley Minera es sumamente flexible para que países extranjeros vengan a invertir en México. Permite rápidamente aprobar las concesiones mineras, reducir los impuestos, darle prioridad a esta actividad y dentro de lo más lamentable, es que permite, a través de figuras legales, la ocupación de territorios asegurando el uso industrial del agua por encima del consumo doméstico y humano en clara contradicción a lo contemplado en nuestra carta magna respecto al derecho humano que representa el agua.
En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba la gran cantidad de concesiones otorgadas a empresas mineras que se encuentran en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades afectando su entorno más allá de los límites imaginables.
Lo sucedido en la Mina Río Tinto, del municipio de Urique, refleja la irresponsabilidad de las autoridades en el tema minero. Al reventarse la represa que contenía los “jales” o desechos que dejan los químicos y substancias para la separación de minerales y que sin duda alguna son altamente contaminantes, la inmediata respuesta de las autoridades, sin averiguación previa, fue descartar toda posibilidad de contaminación, en un franco atentado contra la lógica, el sentido común y la inteligencia de los ciudadanos en una acción inmediata e irresponsable que pretende excluir de un plumazo la responsabilidad de la empresa minera.
La pérdida de vidas y la grave contaminación que dejan las empresas mineras obligan a voltear a ver lo que los ejidatarios de Benito Juárez lograron con un amparo que evita la instalación de estas empresas en su territorio.
Importante tema donde por algún motivo, en la presente contienda electoral no hay propuestas de ninguno de los candidatos al Congreso de la Unión.
Fuente: elheraldodechihuahua.com.mx
Víctor Manuel Medina Calderón / vicmedina@hotmail.com
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