El proyecto de reforma contempla aumentar la carga tributaria a través de varias medidas que tendrían un impacto negativo sobre el sector de hidrocarburos, entre ellas la prohibición de la deducibilidad de las regalías, cambio en el régimen fiscal de zonas francas, eliminación de la amortización acelerada para inversiones exploratorias, eliminación del CERT (incentivo tributario para mantener inversiones en exploración y producción de petróleo y gas en coyunturas de precios bajos) e incremento de la tarifa de impuesto a los dividendos para empresas extranjeras.
En este momento lo que más se impacta, teniendo en cuenta la necesidad de recaudo que tiene el Gobierno, es la competitividad por parte de la inversión extranjera, adicional se cierra toda posibilidad de tomar como deducible las contraprestaciones económicas recibidas a título de regalías, pese a poder llegar a demostrar su proporcionalidad, su necesidad y su relación de causalidad con la actividad productora de renta. Además, el sector es un generador de bienestar, y para ser sostenible necesita de inversiones, las cuales a su vez requieren de una estabilidad macroeconómica y jurídica para su ejecución.
Al respecto, Nelson Castañeda, presidente ejecutivo afirmó “es importante acompañar al Gobierno Nacional, ratificarle que el sector es su aliado estratégico tanto en la reactivación de la economía, como en el impacto en el desarrollo de las regiones. Todo esto siempre buscando un entorno favorable para la competitividad inmediata del sector y sobre las consecuencias futuras que tendrán estas medidas sobre la seguridad energética, el desarrollo económico regional y la estabilidad macroeconómica que tendrá una reforma que tiene como foco el sector minero energético. La economía nacional se encuentra en un proceso de reactivación, donde el sector se posiciona como aliado fundamental potenciando no solo la generación de recursos para el Gobierno central y las regiones, en el dinamismo de industrias conexas y mercado laboral, sino también su importante contribución para mantener la autosuficiencia energética. En este sentido, es necesario estimular las inversiones en exploración, producción, refinación y transporte, que en 2022 alcanzarán los USD 5.200 millones, y garantizar unas reglas de juego propicias para ser competitivos”.
Desde el gremio resaltamos que el sector Oil&Gas es uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo del país. Muestra de esto es que en la última década ha representado en promedio anual el 6% del PIB a nivel nacional, el 43% del total de exportaciones, el 26% de la Inversión Extranjera Directa y el 9,1% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central.
Todo lo anterior, sin contar los encadenamientos productivos (industrias como textil, electrónica, plásticos, asfaltos, fertilizantes, medicinas) que genera la actividad del sector de petróleo y gas en el territorio, asociados a la contratación de mano de obra local, y de bienes y servicios regionales, produciendo innumerables oportunidades de desarrollo para todos los colombianos.
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