Cómo la infraestructura puede reactivar la economía

Así mismo, la ANI siguió ejecutando obras que por su proceso constructivo no podían detenerse, ya que hacerlo implicaba poner la estructura en riesgo e incluso llevarla al colapso, aunque estas labores críticas no alcanzaban a sumar el 2 % de los 1.450 frentes de trabajo que se tenían antes de la pandemia. Lo demás estuvo detenido hasta el pasado 13 de abril, cuando recibieron autorización de empezar por las obras más prioritarias. También se ha mantenido en pie la operación de las concesiones férreas (Ferrocarril central y línea Bogotá-Belencito) y de las 16 concesiones aeroportuarias.

“Realmente no suspendimos los contratos, sino las obras; de todas formas tenemos personal operativo en los peajes y en las vías, el del carro taller o el que limpia los derrumbes, y funcionan también los centros de control de operación de las cámaras, todo lo necesario para garantizar la movilidad y eso es un personal robusto, no es poca gente”, señaló Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI.

Desde el 8 de abril se permitió la circulación de personas que participen en obras de infraestructura de transporte, obra pública, obras civiles, de reforzamiento estructural y de atención de emergencias viales.

Antes de reactivar la ejecución de los proyectos de infraestructura, el Invías publicó un protocolo de bioseguridad, a mediados de marzo, que busca proteger la vida de los trabajadores y las comunidades aledañas a las obras. A su vez, las entidades del sector del transporte emitieron instrucciones particulares para que sus contratistas sepan cuáles son las medidas que deben adoptar para reanudar los proyectos.

La forma detallada en que los constructores implementarán estos procesos debe ser reportada por escrito a la entidad contratante (ANI o Invías) para ser autorizada. Una vez tenga el visto bueno, debe comunicarse a las autoridades locales de la zona de influencia de cada proyecto. El Invías destacó que los representantes del sector han mantenido constante comunicación con secretarios de infraestructura, alcaldes y gobernadores para despejar las posibles dudas que generen las reactivaciones.

Todos los protocolos deben incluir, tal como hizo el Gobierno con el suyo, acciones de identificación, aislamiento y movilización del personal; desinfección e higiene de áreas de trabajo o de descanso, de insumos y de herramientas; uso de elementos de protección, como tapabocas; capacitación y sensibilización con los trabajadores; seguimiento de los protocolos y comunicación permanente con las autoridades y con las aseguradoras de riesgos laborales (ARL).

Sin embargo, hay quienes se oponen a la decisión del Gobierno de permitir estas labores y buscan la manera de impedir la presencia de trabajadores en sus municipios. Tal es el caso de la concesión Transversal del Sisga, un proyecto de 137 kilómetros que atraviesa doce municipios desde el sector del Sisga, en Cundinamarca, hasta Sabanalarga, Casanare. Aunque ya se definió un protocolo de bioseguridad, que está en manos de los entes territoriales, y hay aprobación de la ANI para retomar obras desde la semana pasada, el constructor no ha podido iniciar por cuenta de la oposición de la comunidad del Valle de Tenza. La empresa recibió tres tutelas alegando derecho a la vida y a la salud, dos de las cuales fallaron a favor de los reclamantes y dictaron medidas cautelares; es decir, obligaron a la concesión a suspender de nuevo algunos frentes de obra. Eso sin mencionar que un grupo de personas instaló puntos de control en la carretera por su cuenta e impiden el ingreso de equipos de construcción. El avance de la obra sigue en 69 %.

Encadenamiento productivo

Uno de los beneficios de la construcción es que ayuda a dinamizar otras industrias que terminan por contribuir también a la recuperación de la economía. Sin embargo, esta relación de dependencia se convierte en un riesgo, porque implica también que para levantar la restricción debe funcionar la cadena de suministros, “pero si no hay materiales, si no hay insumos, si no hay acceso a los servicios para ejecutar las obras, el efecto no va a ser el deseado”, dijo Mario Peláez, gerente sénior de KPMG para Colombia.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ha reiterado que se han hecho diagnósticos en varios proyectos para revisar la cadena de abastecimiento y el avance en las obras para organizar la manera en que se llevará a cabo la reactivación; es decir, cuáles contratos arrancan primero. El director del Invías, Juan Esteban Gil, explicó que previamente revisaron qué proyectos contaban con material o tenían garantizado el suministro: “Paralelamente, empezamos a trabajar con todos los proveedores y sabemos que son cada vez más los que facilitan el acceso a los insumos”.

Para avanzar en el Túnel de La Línea, por ejemplo, el Invías logró que Siemens reabriera su planta en la Sabana de Bogotá, para que le suministrara equipos para unas subestaciones que necesita la obra, según contó Gil. “Es un trabajo muy coordinado con los contratistas y los que hacen parte de la cadena, para ser conscientes de que hay que reactivarnos, pero de una manera muy segura”, advirtió. Pero para Peláez la reactivación real será compleja: “No es como apagar una máquina, al otro día prenderla y volverla a operar; claramente no va a ser inmediato”.

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), hay proyectos por $34 billones que están suspendidos, pero no se ha cuantificado a cuánto ascienden las obras que no se han contratado o no han empezado a ser ejecutadas y que también se van a retrasar, como las concesiones viales de quinta generación (5G). “Todavía no podemos dimensionar cuál va a ser el impacto real; es complejo bajo estas circunstancias”, concluyó Peláez.

Gil coincide con esta percepción: “De pronto van a bajar los rendimientos, porque vamos a tener a los trabajadores distanciados y con más elementos de bioseguridad encima, pero así hacemos de manera segura la actividad y no suspendemos”, dijo. Otras dificultades reportadas por los contratistas tienen que ver con la limitación en cantidad de personal, la continua suspensión de actividades para el lavado de manos y la dificultad de conseguir servicios para los trabajadores, como hoteles y restaurantes.

“Lo importante es que el Gobierno sea muy exhaustivo en definir los protocolos de bioseguridad y en hacer seguimiento en su cumplimiento para evitar los contagios”.

Mario Peláez, gerente senior de KPMG para Colombia.

Analistas consultados también advirtieron el impacto en el tema contractual y en la disponibilidad de recursos. En el primer caso, porque a los contratistas se les dificultará el cumplimiento de sus obligaciones, lo que podría derivar en disputas legales. Al respecto, el presidente de la ANI aclaró que estos retrasos no se transferirán a las concesiones por tratarse de hechos imprevistos, sino que se congelarán los plazos. En el segundo, dado que se suspendió el cobro de peajes y que los gastos nacionales se concentran en la emergencia, podría haber una desfinanciación. El director del Invías contó que, a pesar de las dificultades económicas, no habrá ninguna suspensión y que “se están empezando a estudiar estrategias para definir nuevas fuentes de financiación que garanticen el desarrollo de los proyectos”.