Municipios mineros del país reducen en índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

En 1993, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que mide el Dane, en La Jagua de Ibirico (Cesar) era de 71,8 %, es decir que la calidad de vida de sus habitantes estaba marcada por varias dificultades.

Para el 2005, el NBI de este poblado llegó al 51,28 % y para el 2018 bajó hasta el 21,1 %. ¿Qué pasó en esos 25 años para que este municipio tuviera una reducción de 50,7 puntos en esta medición?

Antes de los 90, La Jagua de Ibirico era un municipio en su mayoría agrícola, pero en esa década el cambio llegó con la extracción formal de carbón.

“Los recursos provenientes de la minería indudablemente han cambiado la situación económica y la calidad de vida de los habitantes del municipio”, dijo el secretario de Planeación de La Jagua de Ibirico, Adalberto Muñoz.

Un fenómeno similar se vivió en Albania (La Guajira), Ciénaga (Magdalena), Becerril y Agustín Codazzi (Cesar), Montelíbano (Córdoba), El Bagre, Segovia y Remedios (Antioquia).

Lo que tienen en común estos nueve municipios es que, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el 80 % de su economía depende de actividades mineras, como el carbón, el oro y el níquel.

“Sin lugar a dudas, la disminución en las NBI de estos municipios ha sido en parte por los recursos que les dejan las actividades mineras, que han aportado significativamente al desarrollo de las regiones mineras”, afirmaron en el Ministerio de Minas y Energía.

Según esta cartera, en el Cesar y La Guajira la minería aporta con alrededor del 35 % y el 43 % del producto interno bruto (PIB) minero y más del 90 % de las exportaciones.

En cuanto a Antioquia si bien el PIB minero solo tiene una participación del 1,7 %, este sector genera en el departamento 80.000 empleos.

En este mismo sentido, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, aseguró que la disminución en las NBI de estos departamentos sí está ligado a la actividad minera.

“No atribuirle esa mejora a la minería sería irresponsable de alguna manera. Cuando en un municipio, que depende un 80 % de la minería, bajan sus NBI es porque esta actividad ha tenido mucho que ver”, reflexionó Nariño.

Las regalías y su división

Las regalías son la contraprestación económica que deben pagar quienes explotan los recursos naturales no renovables del país, como lo son el petróleo, el carbón, el oro y el cobre, entre oros.

Cifras del 2017 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) muestran que las regalías fueron las responsables de una reducción del 17 % de la pobreza del país entre 2012 y 2015.

Cabe destacar que en los últimos ocho años, las regalías han generado recursos por $ 48,1 billones, dinero que llega al Sistema General de Regalías, que es administrado por el DNP. Allí, estos recursos son distribuidos a todos los municipios y departamentos del país para adelantar proyectos de transporte, educación y vivienda, entre otros.

Sin embargo, había ciertos reparos de los municipios mineros productores, pues consideraban que no recibían un porcentaje justo de esas regalías, teniendo en cuenta que era allí donde se hacían las extracciones. Es por esto que se trabajó en una nueva Ley de Garantías, que está para sanción presidencial y así pueda entrar a funcionar en enero de 2021.

“Con este proyecto se duplica la asignación para los territorios productores, pasando de un 11 a un 25 %; aumentan los recursos para los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, pasando del 10,7 al 15 %”, explicaron desde el DNP.

Ahora, el reto que se inicia es asegurarse de que estos recursos sean bien invertidos.

“Esta reforma también llega con una mejor veeduría, que permitirá seguir disminuyendo las NBI en el país y en los municipios productores”, afirmaron en la ACM.

Por otro lado, además de las regalías, los proyectos mineros también generan empleos en la región y adquieren diferentes bienes y servicios.

“Estos proyectos generan un encadenamiento importante. Contratan al empleado y este va y gasta en el municipio. Entonces se inyecta dinero a esa economía y eso hace que todos ganen, directa o indirectamente”, explicó Sergio Cabrales, profesor de la maestría de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de los Andes.

Extracción ilícita es diferente

De acuerdo con Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, “el tipo de extracción al que sí nos debemos de oponer de manera rotunda es a la extracción ilícita de minerales porque acaba con el medioambiente, es la cuarta causa de deforestación en el país, tiene un problema social grave (hay trabajo infantil) y, además, es una minería que no trae ningún beneficio porque no paga regalías, no paga impuestos y no tiene estabilidad laboral… y es una de las principales fuentes de financiación de grupos al margen de la ley”, explicó el ministro Mesa en el más reciente conversatorio del Foro Nacional Ambiental (FNA).

Esta diferenciación entre la extracción ilícita y la minería formalizada es también un punto crucial para comparar las cifras de NBI en los municipios mineros.

Desde la ACM plantean que no es preciso comparar a los municipios mineros con el promedio nacional. “Una comparación válida sería con municipios similares, en donde hay extracción ilícita”.

Precisamente, en los municipios donde hay este tipo de extracción su NBI pasó de 74,4 en 1993 a 47,6 en 2018. Si bien han bajado sus necesidades, no lo han hecho al mismo ritmo que los municipios donde la minería es formal (ver gráfico).

En cuanto al petróleo

“En los municipios que tienen petróleo y reciben regalías por ese concepto se mejoran los índices de calidad de vida. Este argumento también se maneja con los municipios mineros”, dijo Patricia Gamboa, experta en gerencia, planeación y diseño de políticas del sector minero-energético.

Efectivamente, según un estudio de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), “los municipios petroleros evidencian mayores niveles de desarrollo económico, institucional y la mayoría de las variables de calidad de vida en comparación con los municipios vecinos no petroleros”.

¿Qué son y cómo se miden las NBI en el país?

El estado de la vivienda, el hacinamiento y si los niños en un hogar estudian o no son algunos de los elementos que tiene en cuenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a la hora de publicar los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del país.

“La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres”, explica el Dane.

Con los NBI hay que saber que entre más alto el número, peores son las condiciones en las que viven las personas.

Por otro lado, sobre este tipo de medición, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) deja claro que “su campo de evaluación es el de los bienes y servicios requeridos para la satisfacción de necesidades básicas y no el de los ingresos”.

Este índice se puede desagregar por departamentos, cabeceras, centros poblados y rurales dispersos.

Por ejemplo, el promedio nacional de NBI está en 14,13 %, según las cifras recolectadas en el Censo de Población y Vivienda del 2018.

En este informe se encuentra que Bogotá, con 3,36 %, es la zona del país con mejor nivel en cuanto a necesidades básicas insatisfechas, en contraste con Vaupés ( 68,89 % de NBI)).

Para el caso de los municipios mineros, el promedio NBI en 1993 estaba en 61 %; en 2005 llegó a 54, 7 %; y en el 2018 alcanzó su punto más bajo, cuando se ubicó en 33,2 %.
Si bien este promedio aún está lejos del nacional (14,13 %) y del de cabeceras (9,42 %), sí está muy cerca del promedio de los centros poblados y rurales dispersos, que en el 2018 se ubicó en el 30,22 %.

“En la próxima medición que se tenga con un censo, los NBI de municipios mineros seguirán disminuyendo para acercarse al promedio nacional e incluso al promedio urbano, porque se ha avanzado mucho en esta materia”, sentenciaron desde la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Así se miden los NBI

Para calcular este índice, que se mide en el país desde 1993, se usan cinco indicadores.
El primero es viviendas inadecuadas, en el que detallan las características físicas del hogar, que no se consideran aptas para que habiten personas.

El segundo son las viviendas con hacinamiento crítico, con el que se busca mirar los niveles de ocupación de un hogar. El Dane considera hacinamiento si en una vivienda hay más de tres personas por habitación.

Las viviendas con servicios inadecuados son el tercer punto, en el que básicamente se mide si la casa cuenta con servicios sanitarios, acueducto y el lugar donde se aprovisionan de agua.

El cuarto ítem son las viviendas con alta dependencia económica; en estas se establece si hay más de tres personas a cargo por miembro ocupado y si este (a) tiene máximo dos años de primaria aprobados.

Por último, las viviendas con niños mayores de 6 años y menores de 12 que no asisten a un centro de educación ya son consideradas con esta necesidad insatisfecha.

 

 

 

Tomado de: El Tiempo «Se reduce la pobreza en los municipios mineros del país» El Tiempo (27 de septiembre del 2020) Recuperado de: https://www.eltiempo.com/mas-contenido/se-reduce-pobreza-en-los-municipios-mineros-del-pais-539926