¿Cómo queda el sector minero-energético en la agenda del gobierno Duque?

Recientemente el Gobierno Nacional publicó las bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” (PND), que define la hoja de ruta para su gestión durante este cuatrienio.

Se destaca la inclusión del “pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades” como uno de los pactos transversales del PND, cuyo énfasis gira en torno a dos ejes principales: i) el desarrollo minero-energético con responsabilidad ambiental y social y ii) la seguridad energética para el desarrollo productivo.

En cuanto al primero vale la pena resaltar que el sector minero-energético es expresamente reconocido como un motor de crecimiento y polo de inversión extranjera, a la vez que se recalca la necesidad de priorizar el relacionamiento con las comunidades. En particular, el gobierno buscaría impulsar una reforma al marco regulatorio e institucional y mejorar la coordinación entre las regiones y el gobierno central, respondiendo, de esta forma, a los desafíos que supuso la oleada de consultas populares que intentaron poner freno a las actividades extractivas en el país.

En cuanto al segundo eje, el PND hace énfasis en la necesidad de consolidar fuentes diversas de generación de energía, con el fin de contar con una matriz energética variada, lo cual resulta particularmente sensible en el contexto actual de Hidroituango. De cualquier manera es importante tener en cuenta que los esfuerzos del gobierno se centrarían, al menos en el papel, en los hidrocarburos y en las fuentes renovables no convencionales (especialmente para proyectos geotérmicos y de biomasa).

Por el momento es necesario esperar a que el Congreso estudie y promulgue la ley del PND, desde ya no exenta de controversias, para determinar cómo se materializan las buenas intenciones del gobierno.

Natalia Soto
Asociada Senior Lloreda Camacho