Debido a los miles de mineros ilegales e informales que existen en La Libertad, lo cual representa un grave riesgo ambiental para las aguas y tierras agrícolas, las autoridades del sector de Energía y Minas junto con los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) analizarán esta problemática.
La situación es muy difícil de abordar porque tiene varias aristas, la más importante de ellas es que la minería artesanal se ha convertido en una fuente de trabajo en la sierra, lo cual la ha convertido también en un problema social.
En cifras generales, en La Libertad existen entre 15 mil y 20 mil mineros ilegales y 4 mil 800 mineros informales. Por ello los miembros del Comité Gremial de Energía, Minas e Hidrocarburos y la Comisión de Fomento de la Formalización Minera de la CCPLL se reunieron con el coordinador regional de la Dirección General de Formalización Minera, Hernán Vargas Torres, para definir la línea de acción ante dicha situación.
El gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval Pozo, manifestó que cuando ingresó la actual administración regional de Luis Valdez Farías el 2015, no existía ningún minero formalizado tras las facilidades dadas por el Gobierno central.
“Teníamos una data de 5677 mineros en proceso de formalización. A la fecha, cuando ya se está terminando la gestión, hemos formalizado a 2 mil mineros. Eso significa que debe haber unos 3600 en proceso de formalización. Pero resulta que en el 2017 el Gobierno central abrió los padrones del Ministerio de Energía y Minas para que nuevamente, todo aquel que esté en la ilegalidad pueda acogerse a esta norma del proceso de formalización”, explicó Sandoval.
Añadió que a partir de esto, se han inscrito más mineros ilegales y en la data actual se tiene más de 4500 aquellos que están en formalización. Actualmente hay una norma en el Congreso de la República, aprobada por la Comisión de Energía y Minas, para que nuevamente se reabran los padrones y se vuelvan a inscribir los que aún están fuera del proceso. Eso está para que el pleno lo debata.
Ricardo Sandoval manifestó que las provincias más afectadas por la minería ilegal e informal son Pataz, seguida de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.
Durante la formalización es importante establecer filtros para evitar que el plazo del proceso se dilate, pues tal como lo manifestaron durante la reunión mencionada, el proceso de formalización dura un período aproximado de tres años. Ante ello habrá una mesa de diálogo entre la Gerencia Regional de Energía y Minas, la Dirección General del mismo sector, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otras.
Fuente: larepublica.pe
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