Suroeste antioqueño evalúa si abrir o no puerta a la actividad minera

Una controversia pública de largo aliento. Un debate jurídico que no tiene acuerdos, ni siquiera, en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, tribunales de cierre nacionales. Una querella en la que, finalmente, se juega la definición del modelo económico territorial.

Abrir o no la puerta a la actividad minera es tema de primer orden en el Suroeste antioqueño desde hace un lustro. En 13 de las 23 localidades que componen la zona, de 6.733 kilómetros cuadrados, 378.000 habitantes y generador del 4 % del PIB departamental, la minería fue restringida por acuerdos municipales, aprobados por los concejos.

Ante la incertidumbre de si esta vía era o no válida, la Gobernación demandó esos 13 acuerdos ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. El panorama actual, según la Subsecretaría Jurídica de la Gobernación, es el siguiente: el tribunal ya declaró la invalidez de seis acuerdos; aún no se ha pronunciado sobre otros seis y uno en particular, el de Urrao, recibió un salvavidas del Consejo de Estado, que revocó la nulidad en sentencia de hace 26 días.

El Consejo de Estado, en fallo del pasado 4 de octubre, decidió una tutela interpuesta contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la invalidez del acuerdo municipal que prohibió la minería en Urrao.

El Tribunal había señalado en providencia de noviembre de 2017 que el Concejo de ese municipio se había extralimitado al restringir una actividad de interés nacional que es competencia del Estado.

La Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado respondió y expuso dos argumentos en favor de los pronunciamientos locales. Primero, aseguró que los municipios pueden prohibir la actividad minero-energética en sus territorios, en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo.

Segundo, indicó que si no se logra una concertación entre los distintos niveles decisorios, prima la competencia de las autoridades municipales porque son la autoridad más cercana a los ciudadanos.

Aseguró el Consejo de Estado que el Tribunal desconoció la Constitución porque, si bien es cierto que la Nación tiene competencias predominantes en asuntos mineros, también lo es que no son exclusivas.

De igual modo, señaló que dicho fallo desconoció sentencias de la Corte Constitucional que establecen que los municipios pueden prohibir la actividad minera en sus territorios. Por lo tanto, dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y le ordenó que en 20 días profiriera una nueva decisión.

Siete días después, el panorama jurídico dio un bandazo. La Sala Plena de la Corte Constitucional analizó una tutela interpuesta contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, en la revisión de constitucionalidad de una consulta popular a realizarse en Cumaral.

La Corte estimó que, en este caso, la consulta no se limitaba a determinar el uso del suelo, como una competencia propia de los municipios, sino que buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos naturales no renovables, con lo cual se estaba decidiendo sobre una competencia del Estado como propietario de estos últimos.

Consideró la Corte que la Constitución de 1991 establece, en cabeza del Estado, la propiedad de los recursos del subsuelo y dispone que la explotación de un recurso natural no renovable causa una contraprestación económica, a título de regalía, generando beneficios para toda la Nación.

Así mismo, consideró la Sala que pese a que la Constitución reconoce en las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función debe ejercerse de forma coordinada con la de la Nación.

No obstante, la Corte identificó que en no existen mecanismos “idóneos y vigorosos” para garantizar la participación ciudadana y la forma de hacer compatible la coordinación entre la Nación y las entidades territoriales.

Por tanto, la Corte exhortó al Congreso para que “en el menor tiempo” defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de concurrencia nación-territorio.

Rodrigo Negrete Montes, abogado ambientalista y accionante de la tutela que falló el Consejo de Estado sobre Urrao, dijo que a la luz de las dos posiciones, ya no es factible restringir la minería vía consulta popular, pero los acuerdos municipales siguen vigentes. “Este fallo abre la puerta para que se expidan nuevos acuerdos o se interpongan tutelas contra las declaratorias de invalidez. Las decisiones en contra van a fortalecer la resistencia de las comunidades”, conceptuó.

A 11 kilómetros del casco urbano de este municipio, en el corregimiento Palocabildo, se encuentra ubicado el proyecto Quebradona, titulado a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti. Se encuentra actualmente en fase de exploración, con estudios avanzados para definir tamaño y cualidades del yacimiento que, hasta ahora, ha evidenciado presencia de cobre y, en menor cantidad, de oro, plata y molibdeno. La inversión en la exploración, según la minera, es de 65 millones de dólares.

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, afirmó que la zona de exploración es de gran valor hídrico porque de allí se abastecen varios acueductos veredales. Contó que desde la llegada de la minera emprendieron una tarea de socialización de “los riesgos que implica la minería” y dijo que representan una oposición “pacífica y decidida. Hay una conciencia de que en este territorio agropecuario y cafetero no hay cabida para la megaminería metálica”.

Monseñor Noel Londoño Buitrago, obispo de la Diócesis de Jericó, que agrupa 15 municipios del Suroeste, dijo que la subregión ha tenido minería artesanal milenaria y, que por eso, “digo que minería sí, pero no así (de gran escala), ni aquí. No nos pueden asegurar que el peligro es cero y por el pan de hoy no podemos poner en riesgo el pan del futuro”. Aseguró que es un signo de madurez política de los municipios de la región oponerse, por acuerdo de sus concejos, a la actividad minera, por encima de sus límites y diferencias. “Desde un escritorio en Bogotá, de alguien que está sentado cuatro años, no se puede decidir la suerte de los que viviremos eternamente aquí”, concluyó.

El secretario del Centro de Historia de Jericó, Rodrigo López, opinó que la subregión es afín al “espíritu de sus fundadores, pueblos agrícolas y cultivadores. No dejamos que la violencia triunfara y el ideal es mantener ese espíritu, de gente que avance sin necesidad de vender la tierra”.

Por su parte, Porfirio Garcés Garcés, habitante del corregimiento de Palocabildo, contó que su temor más grande es que las aguas se pierdan.

Manifestó con preocupación que, desde el arribo de la empresa minera se ha presentado una división en la comunidad: “Los que están a favor, porque trabajan o lo hacen sus familiares; y los que defendemos el agua y el ecosistema. Se ha abierto brecha entre hermanos y primos, qué será entonces ahora entre los mismos vecinos”, acotó.

Carlos Arturo Londoño Jaramillo, presidente del Concejo de Jericó, anticipó que tras la declaratoria de invalidez del acuerdo municipal 09 de 2017, que prohibió el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la gran minería de los demás minerales, “no nos vamos a quedar quietos”. Por eso, apuntó, en noviembre convocarán un cabildo abierto para comenzar el estudio del esquema de ordenamiento territorial, con el objetivo de “blindar el territorio” a través de declaratoria de reservas.

Felipe Márquez Robledo, presidente de AngloGold Ashanti Colombia, contó que el de Jericó sería el primer proyecto de minería subterránea de cobre a gran escala de Colombia.

Dijo que la exploración comenzó hace 10 años, pero que solo desde 2016 ha sido exitosa. Dentro del cronograma previsto, añadió, esperan comenzar en marzo próximo el licenciamiento ante la Anla, trámite que tardaría 10 meses, mismo lapso que demoró el otro proyecto que la minera tiene en Antioquia, Gramalote, situado en San Roque (Nordeste). El proyecto se construiría en tres años y su producción tardaría otros 23.

Según Márquez, la explotación se haría con “métodos mineros probados en el mundo, con tecnología de punta”.

Sobre la preocupación de la comunidad por la afectación del recurso hídrico, el directivo respondió: “Es casi que comprobado, aunque lo tenemos que demostrar en el proceso de licenciamiento, que no hay cuerpos de agua en la roca. El agua subterránea se encuentra en otros niveles. Lamentablemente las fuentes hídricas dan para debates subjetivos pero debe ser una discusión objetiva sobre de dónde se va tomar el agua, cómo se va tratar y en qué condiciones de calidad se verterá el agua sobrante. Consideramos que el balance hídrico es positivo”.

Con respecto a la vocación económica de la región, Márquez dijo que no pretenden modificarla en beneficio de la minería. “Jericó seguirá siendo agrícola pero pueden, además, tener una mina. Los municipios deben entender que necesitan todas las actividades económicas, todas pueden caber en un territorio”, dijo.

Y referente a la llegada de actores ilegales por el comienzo de la explotación, sostuvo que “el cobre tiene una realidad distinta al oro, no consideramos que los problemas asociados a la minería de oro se vayan a presentar en Jericó”.

Juan Camilo Nariño, director de Asuntos Corporativos de AngloGold Ashanti, dijo que están prestos a establecer mesas de diálogo con los movimientos opositores para concertar diferentes puntos.

El debate, igual, no parece tener una salida cercana. Es una disputa de largo aliento.

Fuente: elcolombiano.com