Minería, esta es la oportunidad de tener un debate serio

Una de las razones que hace que la discusión sobre la minería no avance y se de en un ambiente alejado de los argumentos técnicos y científicos es la obligación que se establece en la Ley 7.722 de pasar por un filtro político a la hora de aprobar proyectos metalíferos en la provincia.

Lo que se pensó -en teoría- como una garantía para la sociedad, se usó en el pasado como moneda de cambio electoral de personas que no estaban calificadas para evaluar un proyecto que necesita de alto conocimiento técnico. En cambio, se introdujo el miedo basado en discursos que hasta hoy se repiten y que en muchos casos carecen de sustento.

Hoy la Legislatura tiene la opción de cambiar eso y hacer que la discusión vuelva a concentrarse en el ámbito científico-técnico, porque mientras el debate se concentre únicamente en el espectro político de los partidos o de grupos que -tal como con el fracking- hablan casi de apocalipsis, no se podrá tener un debate de altura.

Esto no significa que los políticos no deban actuar, sino que lo hagan desde su rol, el de estadistas que establezcan leyes claras, sin ambigüedades que den pie para interpretaciones. Deben cumplir con dar las garantías que necesita la sociedad, pero no hacer de esto una moneda de cambio o intentar sacar algún rédito.

Con la reactivación de la discusión por los dos proyectos presentados para modificar la 7.722, se vuelve a escuchar gente que habla de millones de litros de agua o sustancias que no conocen más allá de lo que escucharon en discursos. Debemos pasar de esas imprecisiones a hablar de cifras específicas de agua, de pruebas científicas y sin interpretaciones sobre las sustancias que se pueden o no usar en Mendoza.

Los discursos

Esta semana, dentro del rol que juegan los políticos, me llamaron la atención varias declaraciones. Entre ellas está la del intendente de San Carlos Jorge Difonso, el que sin duda cimentó su carrera política sobre su perfil ambientalista y su negativa a la minería como uno de los impulsores de la ley en cuestión.

Habló de la preocupación en el Valle de Uco para mantenerse libre de minería y cuidar el agua. Sin embargo, olvida una cuestión fundamental y que es la contaminación que ya existe en su departamento y no hay acciones para cuidar lo que hoy pasa por el territorio que administra.

No se trata de una cuestión que a mí se me ocurra, sino que lo dice el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en la Legislatura y que habla específicamente de los problemas que existen en el Valle de Uco. En ese documento se divide la provincia en Unidades de Integración Territorial, UIT, y la que se identifica con la nomenclatura 1C cruza Tununyán, Tupungato y San Carlos. A la hora de hablar de las características del área en cuestión, el documento señala lo siguiente: «Oasis de Valle de Uco, posee una rica cuenca hídrica de excelente calidad química y muy baja salinidad. La población se concentra principalmente en la cabeceras departamentales, las que son objeto de una expansión urbana descontrolada. La actividad agrícola tradicional del Valle lucha por subsistir frente a grandes emprendimientos de capitales extranjeros que se ubican hacia el piedemonte. Hay erosión del suelo, salinización por inadecuadas prácticas agrícolas y severos procesos de contaminación por efluentes domiciliarios e industriales».

Es decir, en las zonas donde hay más movimientos ecologistas, se realizan actividades que contaminan y no se toman el tiempo de controlarlas o bloquearlas como la minería. Desde mi punto de vista, acá simplemente ir contra la minería es una postura que da buenos réditos políticos mientras dejamos pasar el resto de las situaciones.

Entonces, ahora lo que debemos decidir es si que queremos discutir el desarrollo de una actividad lícita desde el punto de vista que corresponde, con aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos o volver a meternos en discusiones políticas sin fondo y donde el discurso pesa más que la evidencia científica.

Fuente: mdzol