En los últimos tiempos, la Corte Constitucional ha tenido una visibilidad importante por los fallos emitidos en relación con algunas empresas, en donde se ha puesto a favor de personas o pequeños grupos que con tutelas y demandas buscan sacar ventaja partiendo de la reiterada frase “David contra Goliat”, apelando a un imaginario de una supuesta desventaja en la lucha de las personas contra las empresas. Pero, como magistralmente describe José Saramago, eso no es más que una engañosa mistificación sobre la desigualdad de fuerzas porque, “en los últimos 50 años han crecido hasta tal punto las fuerzas y la dimensión de David, que ya no es posible ver y reconocer diferencias entre él y el altivo gigante; incluso puede decirse, sin ofender la deslumbrante claridad de los hechos, que se ha convertido en un nuevo Goliat”.
Y, qué mejor para mostrar este hecho, que el caso Cerro Matoso y el fallo de tutela con el que el abogado De la Espriella busca una indemnización de 400 millones de dólares. Es decir, el dinero suficiente con el que se podrían construir más de cuarenta mil viviendas de interés social, suficientes casas para los 85 mil habitantes de Montelíbano. Esa es la misma cantidad de dinero que el Gobierno destinó para la reconstrucción de Mocoa, hace un año. En últimas, 400 millones de dólares que podrían destinarse al bien común, podría quedar en las manos de un grupo pequeño de personas y del representante de una firma de abogados que ya nos tiene acostumbrados a lujos estrambóticos —como aviones privados— que salen a flote en las escenas mediáticas de debate y confrontación, cada vez más frecuentes.
En últimas, 400 millones de dólares que podrían destinarse al bien común, podría quedar en las manos de un grupo pequeño de personas y del representante de una firma de abogados que ya nos tiene acostumbrados a lujos estrambóticos —como aviones privados— que salen a flote en las escenas mediáticas de debate y confrontación, cada vez más frecuentes.
Más allá de lo mediático y el imaginario reinante en torno a las grandes empresas, lo cierto es que son reconocidas tanto nacional como internacionalmente en los públicos especializados como ejemplos de responsabilidad social corporativa. En el caso de Cerro Matoso, a 30 de junio de 2018, ha pagado en regalías más de 3 billones de pesos, así como ha realizado aportes voluntarios en programas e iniciativas de desarrollo social y comunitario, que suman varios millones de dólares. Según la firma de abogados, se le está exigiendo a la compañía un pago por 1.2 billones, es decir casi la mitad de lo que se pagó en regalía en 30 años. ¿Tiene lógica el monto? Cuando la Corte emite fallos de altos impactos económicos, siempre se invoca la responsabilidad fiscal, en el sentido de que proteger ciertos supuestos derechos, termina siendo tan gravoso, que termina generando mayores males que los que intenta proteger. Y, justamente, el principio que impera es el del bien común. En este caso, vale la pena tener en cuenta el mismo principio, porque por favorecer a una minoría, un efecto previsible es la quiebra de la empresa que, una parte importante de la inversión extranjera directa salga del país y que, que las casi 5 mil personas que dependen directa o indirectamente de la compañía pasen a formar parte de las estadísticas de desempleo, pobreza y disminución de calidad de vida.
Pero, el mensaje al resto de empresas que están en Colombia es nefasto. Ante eventuales demandas de supuestas afectaciones a grupos particulares —sin una clara, objetiva y técnica relación de causa-efecto—, es mejor para las empresas cambiar sus inversiones en responsabilidad social corporativa, guardando esos dineros para atender los requerimientos particulares de un grupo pequeño de personas. En este sentido, la Corte Constitucional debería recordar la frase de Albert Camus: “El bienestar de las personas, en particular, ha sido siempre la coartada de los tiranos, y ofrece además la ventaja de dar a los sirvientes de la tiranía una buena conciencia”.
Por Jhan Rivera, consultor en comunicaciones Monodual
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