Empresas mineras tendrán que aumentar su inversión en programas sociales

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Con unos nuevos términos de referencia contenidos en la Resolución 318 expedida recientemente por la Agencia Nacional de Minería (ANM), se trazó el derrotero para que los proyectos extractivos del país le aumenten la inversión a los programas sociales en sus zonas de influencia.

Hoy, gracias a esta medida, de carácter retroactivo, en el territorio nacional 186 títulos mineros (110 de pequeña minería, 43 mediana minería y 33 por verificar clasificación) ya acatan la norma, y ejecutan en sus respectivas operaciones el denominado Plan de Gestión Social (PGS).

Así, la citada entidad esta poniendo en cintura a los dueños de títulos mineros a los que se les otorgó el Contrato Único de Concesión (CUC) después del 9 de junio del 2015, para que elaboren sus respectivos PGS teniendo como base los nueve requisitos trazados por la ANM.

“Con el propósito de prevenir, mitigar y atender los riesgos sociales generados por el desarrollo del proyecto minero, así como, incrementar las oportunidades y beneficios generados por el mismo, se puso en marcha la iniciativa”, señaló Silvana Habib Daza, presidente de la ANM.

La funcionaria agregó que con la iniciativa se contribuye para generar, mantener y fidelizar las “relaciones positivas” con los grupos de interés vinculados al proyecto, así como ayudar a resolver los conflictos sociales que puedan surgir por el desarrollo del mismo.

¿Quién aplica la norma?

El PGS no solo cobija obligatoriamente a los títulos que posean CUC, sino también aquellos a los que se les extendió el convenio, y en la prórroga fue incluida una cláusula social en la que se comprometen a realizar el plan. “También pueden acogerlo voluntariamente todos los titulares mineros en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para las buenas prácticas”, dijo Habib Daza.

Cabe anotar que tanto el Plan de Manejo Ambiental (PMA), como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), son un insumo del PGS y por ende podrán ser parte del mismo.

“EL PMA o EIA y el PGS deben estar alineados para facilitarle al Titular Minero en concesión cumplir con ambos requisitos, usar de manera más eficiente y eficaz los recursos y alcanzar un mayor impacto, de manera que no se realice doble esfuerzo, sino un trabajo integrado”, recalcó la presidente de la ANM.

Términos para la ejecución

De acuerdo a la citada resolución, el contenido del PGS debe estar acorde con el tamaño del proyecto, el área de influencia y los impactos sociales que se generen con la operación. “Se tendrán como guía para su construcción los Términos de Referencia y la Caja de Herramientas…”, dice la norma.

Los términos comprende la descripción del proyecto minero, su área de influencia, la identificación de las condiciones sociales del municipio, así como de los grupos de interés en la zona de influencia.

También debe contener una caracterización del área donde operará el título, identificación de los impactos sociales y mecanismos para mitigarlos, prevenirlos o compensarlos, establecer las prioridades comunitarias y un plan de acción, cronograma y presupuesto.

Finalmente, se debe trazar en el PGS una estrategia para establecer lazos constantes de comunicación, socialización y participación de la comunidad. Y hacer seguimiento al plan.
“La ANM promueve su implementación para el cumplimiento de la obligación contractual, el fomento de buenas prácticas y la construcción de confianza con los grupos de interés, también hace la vigilancia al PGS en cada una de sus etapas y verifica la ejecución del mismo”, indicó la funcionaria.

Vigilancia y control

El titular minero deberá presentar a la autoridad minera, 30 días hábiles antes de finalizar la etapa de exploración el PGS, incluso de manera conjunta con el Plan de Trabajo y Obras (PTO), pero su calificación y aprobación se desarrollará de manera independiente.

“Para la evaluación del PGS, la ANM tendrá en cuenta el cumplimiento de los criterios establecidos en los términos de referencia”, señala la resolución.

Así mismo, la ANM contará con un término de tres meses a partir de la presentación del PGS para avalar o negar el mismo. En caso de este último, se realizarán los ajustes que solicite la autoridad minera.

“El titular podrá actualizar su PGS de acuerdo con las necesidades del proyecto y del área de influencia del mismo y notificará por escrito los cambios a la autoridad minera, quien deberá aprobarlos en los mismos términos y condiciones…, lo anterior, sin perjuicio de los trámites que deba adelantar ante la autoridad ambiental”, agrega uno de los apartes de la resolución.

El PGS hace parte de la estrategia de la ANM y del Ministerio de Minas y Energía sobre la política de la ‘Minería bien hecha’, la cual es se complementa con los programas de formalización minera que viene adelantando la citada cartera. “Se buscan elevar los éstándares de calidad en la producción, variable que miran los mercados internacionales”, dijo Habib Daza.

Impulso por formalizar

Gracias a la formalización, el sector minero del país espera que en el 2018 su aporte a la producción esté por encima del 12%, e incluso que el aumento que se registre sea cercano al 10% adicional a lo reportado en el 2017.

Así lo estiman tanto el Ministerio de Minas y Energía (MME), como la Asociación Colombiana de Minería (ACM), al precisar esta última que, al finalizar el 2017, si el aporte a la extracción de oro fue poco más de 285.000 onzas, lo que representó un 20%, al finales del presente año se espera que sea superior.

“Los programas de formalización ayudan a ser más relevante la operación minera”, afirmó Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, al reiterar que los programas para el próximo año, en el caso del oro, mantendrán ese crecimiento a doble dígito.

Fuente: portafolio.co