Colombia: exceso de consultas encarece los proyectos en vías y minería

Foto: portafolio.co

Un informe de Fedesarrollo indica que la mala gestión socioambiental de las entidades le ponen freno a obras de este tipo.

Las debilidades sectoriales y de coordinación pública se han convertido en canales que modulan los retrasos de licenciamiento ambiental y de consulta previa” en proyectos mineroenergéticos y de infraestructura de transporte.

Esta fue la principal conclusión que encontró el centro de estudios económicos Fedesarrollo en su informe ‘Costo económico de la inestabilidad y debilidad institucional de la gestión socio-ambiental’ de las iniciativas de estos sectores.

En este orden de ideas, el reporte detalla que temas como mala gestión de consultas populares, retrasos y trabas de las consultas previas y las decisiones administrativas de entidades territoriales ponen en jaque el crecimiento económico del país, debido a que las empresas retrasan las inversiones en dichos megaproyectos.

Lo anterior lo expresa Fedesarrollo así: “Los estudios de caso, además de ilustrar la mecánica de los retrasos en diferentes sectores y contextos, confirman la gran dispersión de los retrasos reportados por las firmas y obligan a una modelación prudente de los impactos ante la dificultad de encontrar un valor robusto del ‘retraso promedio’.

Lo anterior quiere decir que, según una encuesta hecha a compañías mineras, energéticas y de infraestructura de transporte, las trabas ‘burocráticas’ vienen de varias ramas del poder público, y no tienen una reglamento claro y unificado.

Fase de inversión
De allí que, en su informe, el centro privado de estudios destacara que el hecho de que las empresas retrasen dichas inversiones genera dos caminos de impacto negativo: uno en la fase de inversión y otro en la de producción, aunque ambas generan coletazos al PIB y las ventas, por mencionar dos.

“El impacto de una mayor inversión privada en la construcción de infraestructura específica del sector de minería e hidrocarburos se traduce en un incremento de la demanda agregada de inversión en la economía colombiana”, señala el informe.

En este orden de ideas, Fedesarrollo explica que, al frenarse la inyección de recursos, hay repercusiones en los llamados efectos multiplicadores de la actividad, tales como el buen desempeño que podrían tener los proveedores de la inversión, pero también sobre “los proveedores de los proveedores (efecto indirecto) y a través de un incremento en los ingresos de los hogares, que se traduce en un mayor consumo privado (efecto inducido)”.

En diferentes intervenciones previas, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, aseguró que “el tema de las consultas populares ha desatado una incertidumbre jurídica a tal punto que muchas de las empresas mineras que actualmente tienen operación han disminuido el nivel de inversión para futuros proyectos, hasta que no se defina este tema”.

Además, ha dicho que el crecimiento de la inversión este año, fuera de depender de los resultados electorales del próximo 17 de junio, está pendiente de que se resuelva la inseguridad jurídica que existe en Colombia y que ha hecho que varias firmas frenen sus capitales hasta próximas vigencias.

Panorama similar vive la infraestructura vial, sobre la cual urge una ley de consultas previas, tal y como lo ha dicho el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo: “Los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas previas vienen desincentivando la consecución de la financiación necesaria para viabilizar las apuestas del sector de la infraestructura, y entre ellas las del programa de concesiones viales de Cuarta Generación (4G)”.

Así se empujarían
De hecho, Fedesarrollo plantea un escenario posible de mayores inversiones, en cual se tendría un incremento del 15%.

Sobre el primero, asegura que dicho movimiento “generaría un aumento anual del PIB de 0,16% promedio entre el 2017 y el 2020, adicional a la trayectoria del crecimiento del PIB prevista por Fedesarrollo, y una expansión del consumo agregado en 0,17%, con respecto de la senda del estado base”.

Dicha cifra no es nada despreciable, si se tiene en cuenta que 0,16% del PIB son casi $1,5 billones anuales, lo que daría unos $6 billones de aquí al 2020, que de paso le aportarían un choque positivo anual a la formación bruta de capital agregada, que no es más que las ganancias adicionales que recibe el país por las inversiones empresariales.

Todo lo anterior sin contar con los aportes tributarios que estas compañías le generan al país. Según el reporte de Fedesarrollo, aumentar 15% la producción del sector de minas y energía generaría una subida de ingresos fiscales de 0,4% del PIB (unos $3,7 billones), que servirían para reducir el déficit que hoy se tiene en este punto.

Esto sobre todo porque,el 70% de ese recaudo sería aportado por el impuesto de renta de las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol.

Conclusiones del informe

* Las debilidades sectoriales y de coordinación pública se han convertido en canales que modulan los retrasos de licenciamiento ambiental y de consulta previa.

* Las normas ambientales no son proporcionales al tamaño y tipo de proyecto,están sujetas a interpretaciones cambiantes.

* Las consultas previas no están adecuadamente reglamentadas por el Ministerio del Interior, por lo cual se vuelve un proceso de “puja redistributiva” entre comunidades pequeñas y una determinada empresa.

* Las consultas populares requieren un desarrollo normativo que aclare las competencias de los diferentes niveles de gobierno.

Fuente: portafolio.co