Cerro Matoso y al menos cinco firmas más tienen proyectos en espera

Las alarmas en el sector minero energético se volvieron a encender este fin de semana luego de que la Corte Constitucional fallara a favor de siete comunidades, en tres municipios de Córdoba, que se vieron afectadas por la operación de Cerro Matoso, una de las productoras más grandes de ferroníquel.

Además de brindar atención en salud y pagar por los prejuicios causados a los afectados, el fallo del alto tribunal también obliga a la minera a tramitar una nueva licencia ambiental que se acoja a los estándares constitucionales vigentes, trámite que en circunstancias normales debería tardar 90 días.

El asunto es que Cerro Matoso no es la única compañía del sector que tiene al menos un proyecto frenado. Otras empresas como Cerrejón, Anglo Gold Ashanti, Mineros S.A., la Sociedad Minera de Santander (Minesa) y Minera Cobre atraviesan por situaciones similares.
De acuerdo con la Anla, entre 2016 y 2018 se han tramitado 1.492 solicitudes entre licencias ambientales, planes de manejo ambiental y diagnósticos ambientales de alternativas; y respecto a 2017, 319 licencias fueron otorgadas, 17 negadas, en cinco desistieron y ocho se archivaron.

Tanto el proyecto de Mineros en Ataco, Tolima; como el de Pantanos Pagadorcito de Minera Cobre, en Antioquia, hacen parte del grupo que están a la espera del aval. En el caso de Cerrejón, La Puente ya cuenta con la licencia pero está pendiente del fallo de una acción de tutela que resultó de la desviación del Arroyo Bruno.

Anglo Gold Ashanti ni siquiera llegó a solicitar el aval ante la Anla porque hay una consulta popular sobre La Colosa, en trámite; mientras que Minesa anunció la semana pasada que desistía de la licencia que había solicitado para el proyecto de Soto Norte en Santander, luego de levantar varios datos en las comunidades que le serían útiles para presentar una nueva solicitud en abril.

Esto sin contar con que en tres de los 17 proyectos las licencias ya fueron negadas por la Anla por el impacto que podrían tener sobre los ecosistemas o las comunidades. Se trata de la hidroeléctrica Cañafisto de Isagen en Antioquia; un proyecto de exploración de petróleo en un territorio denominado La Mojana de Hocol y el Área de Perforación Exploratoria Garza de Gran Tierra en Putumayo.

 

 

 

De hecho, en Inside LR, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, aseguró que “que sí hay inquietudes de carácter ambiental, pero también hemos encontrado que el tema no son las consultas, ni hay animadversión contra la industria, sino que hay malestar contra el Sistema General de Regalías”.

En ese sentido, Lloreda explicó que es necesario modificar el esquema, pues las regiones productoras pasaron de recibir más de 80% de las regalías directas a tener cerca solo de 20%, por lo que sienten que el sistema no es justo ni equitativo.

Por el contrario, para el exviceministro de Minas, César Díaz, el asunto va más allá, pues aunque está claro que el minero, como cualquier sector productivo, debe tener una operación con reglas claras, “lo que no se puede permitir es que por presiones políticas o de otro tipo, se desconozca la institucionalidad”.

En ese sentido, Díaz concluyó que la discusión del impacto ambiental de la actividad minera es un estudio netamente técnico que no debería estar permeado por discursos políticos que pretendan ir más allá de lo estrictamente científico.

Una muestra del impacto que esto tendría, según Lloreda, se ve en el sector petrolero. Hasta agosto de 2017, las 32 consultas que estaban en camino se realizaban, pondrían en riesgo 155.000 barriles de petróleo, cifra que representa apenas una parte del total del sector si se tienen en cuenta la falta de estimaciones en producción de minerales y energía.

Dadas las circunstancias, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ACM), Silvana Habib, aseguró que “es importante reiterarle al país que ningún proyecto de minería se pone en marcha sin la respectiva licencia o permiso ambiental, dado que es un requisito ineludible y obligatorio”.

Aún así, Habib también reconoció que es fundamental, como sector minero, hacer un llamado a las autoridades ambientales para que entiendan la importancia que los proyectos extractivos legales tienen en la economía y el desarrollo regional. Vale la pena mencionar que según la ACM, el sector pagó $2,11 billones en regalías.

En cuanto a la agilidad en la entrega de licencias, Habib rescató que las respuestas de las autoridades a las empresas, permiten, en la mayoría de casos, destrabar oportunidades para las comunidades y el país.

Sin embargo, para el experto en minas, Eduardo Chaparro, más que evaluar el trabajo de las autoridades, se debe revisar la solidez técnica, enfrentando la incomprensión del público y la divulgación de información sin carácter técnico.

Comunidades votaron en siete consultas populares en 2017

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), siete consultas populares se hicieron durante 2017 en Sucre y Jesús María, en Santander; Cumaral, en Meta; Arbeláez y Cabrera, en Cundinamarca; Pijao, en Quindío; y Cajamarca, en Tolima. El mismo documento de la ANM reveló que durante las consultas las comunidades votaron en contra de la minería en todas ellas, siendo la consulta en Cajamarca, Tolima, la de mayor votación con 6.165 votos en contra y 76 a favor de la ejecución de proyectos y actividades mineras.

Fuente: larepublica.co