México: Por una minería responsable

Justo en el día en que el gobernador Alejandro Tello Cristerna tomó las riendas de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en una reunión realizada en la Ciudad de México, aquí el titular de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proepa), Salvador Esaú Constantino Ruiz, ordenó una investigación sobre la contaminación de la minera Goldcorp en el municipio de Mazapil, donde se asienta.

Desde su instalación en aquél norteño municipio de Zacatecas, la mina Peñasquito operada por esta empresa canadiense ha sido objeto de innumerables señalamientos por parte tanto de quienes eran los habitantes de aquellos predios que hoy ocupa la mina, como por diversos grupos de ejidatarios, y de la misma población de Mazapil, quienes exigen una y otra vez el cumplimiento de acuerdos firmados por la empresa extractiva, pero que hasta el momento muchos parecen ser ignorados olímpicamente.

Y es que en la capital del país, el mandatario esbozó que su labor al frente de la comisión minera tendrá como ejes fundamentales la promoción del desarrollo económico nacional, el fortalecimiento de las relaciones entre la industria y las comunidades, y la garantía de que se protegerá el medio ambiente. ¿Y cómo hacerlo con empresas como Peñasquito o cualquiera otra que esté asentada en nuestra entidad, cuyo subsuelo es rico en minerales y por ello es explotada desde hace siglos?

No cabe duda que, si antes no lo hacían, ahora desde la Secretaría General de Gobierno tendrán una chamba mucho más ardua si de verdad quieren fortalecer la relación tanto de la administración pública para con la iniciativa privada, como de ésta para con la población de aquellos lugares en donde, un día sí y al otro también, se escuchan quejas de incumplimiento de acuerdos, de solicitudes no escuchadas para dotarles de agua o de pavimentaciones o de apoyos comprometidos, etcétera.

Por eso y mucho más, y básicamente en atención a la salud de los habitantes de aquél lugar, es que se ha determinado ahora hacer el estudio y análisis de la posible contaminación causada por la mina, y sus efectos en la población, sobre todo en aquellos menores y en las personas de la tercera edad, puesto que no se puede anteponer el interés económico –que mayoritariamente beneficia única y exclusivamente a la empresa– al interés social que representa la salud pública.

Quizás uno de los puntos fundamentales –además del estudio ordenado por la Proepa– sea también el tema del empleo, y de cómo entre los propios habitantes jóvenes del lugar la queja constante es que la empresa contrata a más gente que viene de fuera (incluso del norte del país) en lugar de darle los empleos a quienes son originarios del lugar y que, dicho sea de paso, incluso se preparan y se capacitan particularmente para ello en instituciones como el Conalep unidad Mazapil.

Pero vamos, que el asunto no es solamente que el gobierno le exija –como debe hacerlo– a Goldcorp que respete las más estrictas normas ambientales, que remedie según dictan los criterios internacionales, o que dé preferencia a la generación de empleos locales. También tendrá que entrarle la propia administración con más determinación al asunto de la educación adecuada para tales fines en los lugares donde hay minas, en proporcionar la seguridad pública que se necesita en dichos sitios, en otorgar la mejor atención de salud no sólo para los trabajadores de la mina sino para todos los habitantes de manera que no tengan necesidad de irse a buscar un hospital a Saltillo, por ejemplo.

Y por qué no, también debería hacer lo mismo en todas las demás minas que hay operando en Zacatecas, medir los impactos en la salud y el ambiente en todos estos lugares y, cumpliendo con lo que ha propuesto el gobernador ante la Conago, efectivamente promover un ejercicio de la minería responsable, ecológica y socialmente, y que no quede solamente en las palabras huecas de un evento oficial que sólo sea de relumbrón.

Fuente: ntrzacatecas.com