Por el no a la minería no se recibieron $226.000 millones de regalías

De los 1.122 municipios que tiene el país, 92 han impulsado consultas populares o acuerdos para ponerles freno a la minería y a actividades de explotación de hidrocarburos. Aunque solo nueve municipios han realizado las consultas desde el año 2013, los ingresos dejados de recibir por concepto de regalías cada año superarían los 226.000 millones de pesos.

La cifra equivale al 2 por ciento del total de regalías que aportó el sector minero-energético al país en el 2016. Sin embargo, Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, advierte que las negativas de las comunidades a permitir las explotaciones significarán para el país en los próximos cinco años un hueco fiscal de 1,2 billones de pesos, que podría ser mucho mayor ya que hay en proceso otras 59 consultas. Esto, sin contar el costo que supone realizar cada consulta en los municipios.

El argumento de fondo lo comparten todos: la protección del medioambiente y el derecho de las comunidades a jugar un papel en las decisiones sobre el uso de sus territorios, amparadas en recientes fallos de los altos tribunales que en los últimos cinco años pusieron a temblar un axioma de siglos: que el Estado era el único dueño del subsuelo.

El lío, dice Vélez, es que el debate se ha movido entre posiciones maximalistas que ponen a la gente a escoger entre agua y minería, como si no existieran prácticas de minería responsable y, además, como si el Estado y las regiones no necesitaran de los ingresos provenientes de esa actividad para mover el desarrollo y derrotar la pobreza.
Después de las dos consultas populares realizadas en el 2013, este año fue el más prolífico: no solo por las siete realizadas, sino por todas las demás iniciativas que se impulsaron, de las cuales cinco están actualmente suspendidas. 

En el 2017, los habitantes de Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca); Cajamarca (Tolima); Cumaral (Meta); Pijao (Quindío) y Jesús María y Sucre (Santander) consignaron en un tarjetón su deseo de no permitir la explotación de recursos no renovables en sus territorios. De igual manera, se empezaron a tramitar 23 acuerdos municipales que tienen el mismo objetivo, si bien muchos de ellos han quedado en el camino por razones legales.

En contraste, se han realizado concertaciones en 146 municipios para el desarrollo de actividades mineras y en 191 para la extracción de crudo y gas, lo que significa que la salida consensuada entre Estado y comunidades sí funciona y que son muchos más los municipios que mantendrán esas actividades.

De los municipios que han realizado acuerdos municipales, tres hacen parte de los 20 con mayor actividad minera: Titiribí (Antioquia); Sogamoso (Boyacá) y El Carmen de Chucurí (Santander). De la misma forma, Tauramena (Casanare), uno de los 20 municipios con más explotación de crudo y gas en el país, le dijo no a las actividades extractivas. Y hay dos que a pesar de que no tienen en sus territorios ninguna actividad minera están en plena campaña para prohibirla: Une (Cundinamarca) y Colón (Putumayo).

El Gobierno, a través del director de la Agencia de Defensa Jurídica, advierte que “no es posible financiar nuestro Estado social de derecho, con educación gratuita, cobertura universal de salud, ayuda a los más pobres y pensiones para los ancianos sin los recursos fiscales de la minería y el petróleo. El que diga lo contrario está diciendo mentiras. Así de simple”.

Uno de los casos más conocidos es el de Cajamarca, donde triunfó el no al proyecto de extracción de oro, el cual apenas estaba en etapa de logística, y donde, según la Alcaldía, se han perdido centenares de empleos desde que en marzo se pararon las actividades de exploración de la Anglo Gold Ashanti.

Edison Aldana, alcalde de Pijao (Quindío), donde se realizó una consulta popular contra la minería el pasado 9 de julio, dice al respecto que “el dinero de regalías es importante”, pero insiste en que la protección del agua del municipio está por encima de cualquier consideración. Aldana, además, cuestiona el cambio en el modelo de regalías, que llevó a que los municipios que sufren las consecuencias de las actividades de extracción dejaran de recibir la mayor parte de esos dineros. “De regalías no hemos vivido toda la vida”, sentencia. 

Por su parte, Sandra Milena Rodríguez, concejal de Piedras (Tolima), acepta que los proyectos frenados por las consultas sí han afectado a todo el país. En el 2013, Piedras votó no a la megaminería y ya hay iniciativas similares para desterrar la explotación de petróleo, que empezó allí hace 40 años. “La petrolera ha aportado mucho al municipio en cuanto a inversión, pero las consecuencias en el medioambiente son muchas”, asegura.

En el 2018, la mira no solo está puesta en las consultas en marcha y en los intentos de algunos concejos para frenar las actividades de extracción. En la Corte Constitucional, que en los últimos años abrió con algunos de sus fallos esa puerta, se volverá a jugar un partido clave.

Ese tribunal decidirá en Sala Plena, en los primeros meses del año, una nueva tutela relacionada con las consultas. Y lo que esperan en el Gobierno y varios sectores es que el caso sirva para restablecer el equilibrio entre el derecho de las comunidades a decidir y la necesidad del Estado de obtener recursos para cumplir, precisamente, los fallos de alto impacto social de la misma Corte.

Los fallos de la Corte Constitucional
En un fallo a favor de los promotores de la consulta popular de Pijao (Quindío), la Corte Constitucional abrió la puerta, en el 2016, para que los municipios voten por el no a la minería o al petróleo, advirtiendo que los entes territoriales sí tienen potestad para prohibir esas actividades. Sin embargo, dos años antes, en la sentencia C-123, el tribunal había dicho que el uso del suelo debía definirse de manera concertada entre los entes territoriales y la nación. “En desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación, las autoridades del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades (…)”, se lee en el fallo.

‘Es posible conciliar los intereses de las comunidades con los de los demás colombianos’
Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, dice que el Gobierno respeta el derecho de las comunidades a tomar decisiones sobre el uso de sus territorios, pero advierte que este debe ser conciliado con el de todos los colombianos a contar con los recursos para asegurar el desarrollo del país.

Por eso, llama a los ciudadanos a analizar con detenimiento los argumentos y consecuencias de las consultas y acuerdos municipales que le dicen no a la explotación minera y petrolera. Y pone como ejemplo la situación de varios municipios donde esas iniciativas se impusieron.

¿Cuál es el panorama para el 2018 en materia de consultas frente a proyectos mineros y de infraestructura?

Lo cierto es que durante 2017 cerca de la mitad de las iniciativas municipales encaminadas a prohibir la minería fracasaron. La mayoría por ser inconstitucionales. Inclusive, en aquellos lugares, como Cajamarca y Cumaral, donde triunfaron, hay un creciente remordimiento por los resultados. El alcalde de Cajamarca, por ejemplo, le está pidiendo al Gobierno Nacional que intervenga en el municipio ante la profunda crisis económica y social causada por la terminación abrupta del proyecto de La Colosa. Lamentablemente, en muchos casos el daño ya está hecho.

¿Hay algún cálculo de lo que han dejado de recibir en regalías los municipios donde se ha impuesto el no a la minería?

Las consultas populares realizadas en 2017 causaron un detrimento fiscal cercano a los 1,2 billones de pesos para los próximos 5 años. Eso son 1,2 billones menos para la salud y la educación de las comunidades.

¿Cómo conciliar las posiciones de los que defienden el medioambiente de sus regiones con la necesidad de ingresos y desarrollo económico?

Es perfectamente posible conciliar los intereses de las comunidades con los intereses de los demás colombianos, quienes son finalmente los dueños del subsuelo. En nuestra opinión, esta concurrencia entre la Nación y los municipios es lo que impone la Constitución, como lo afirmó claramente la Corte en la sentencia C-123 del 2014. Acciones unilaterales por una de las partes, a través de consultas populares, por ejemplo, contravienen el principio de solidaridad que fundamenta el Estado social de derecho en nuestro país. En últimas, que una parte imponga su voluntad sobre la otra causa daño a todos, como ha quedado ampliamente demostrado por los hechos recientes.

¿Podría hablarse de una crisis del sector?

Aunque durante el último año recibieron mucha atención las consultas antimineras impulsadas en algunos municipios, poca atención se prestó a los centenares de procesos de concertación exitosos adelantados por la Agencia Nacional Minera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para permitir la exploración y explotación sostenible y socialmente responsable de los recursos del subsuelo.

Fuente: eltiempo.com