En los últimos años el sector minero del país ha sido objeto de sentencias por parte de la Corte Constitucional. Y en cada fallo se ha cambiado la forma de hacer minería en el país.
Pero para Silvana Habib, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en el último pronunciamiento de la Corte Constitucional, del cual aún no conocen el fallo oficial, hay preocupación porque con una acción de tutela se le están asignando competencias a los municipios para bloquear proyectos mineros.
“La Corte Constitucional en otra sentencia a principio de año consideró que esta asignación de competencias tiene que hacerse mediante ley orgánica”, afirma, y precisa que en el caso del último fallo no se puede con un derecho particular, en relación interpartes, terminar afectado a toda la actividad minera.
Asegura que la preocupación en el sector radica que con anteriores sentencias se acataron y aclararon los principios de la constitución en interrelación con los entes territoriales para el uso del suelo y del subsuelo.
“Ante un fallo oficial se podrán tomar las acciones judiciales pertinentes por parte de la ANM y el Ministerio de Minas con el fin que la Corte Constitucional tenga en cuenta estos argumentos y evitar traumatismos en el sector”, indica.
Sin embargo aclara, que tanto el fallo de la Corte Constitucional como el auto del Consejo de Estado, producto en ambos tribunales de tutelas, no ha generado un vacío jurídico en la regulación minera.
“Es una oportunidad para que las comunidades entiendan de una vez que la actividad minera aporta y genera beneficios, así como calidad de vida, en las zonas de influencia”, dice.
En el sector que ella representa, afirman que existe mucha confusión entre lo que es extracción ilícita y minería legal. Y que es precisamente esa ilegalidad la que está afectando el medioambiente, situación que no ocurre con los proyectos mineros regulados.
“Situación diferente si a través de los mecanismos de participación ciudadana vaya en contra de una actividad como la minera que es aceptada por la Constitución”, asevera.
Para sentar la bases de una política minera sostenible, los ministerios de Ambiente, y Minas y Energía, están en la redacción de una ley orgánica para determinar las competencias en el desarrollo de la actividad minera.
Con la citada norma, ambos ministerios buscan regularlas para el ejercicio en el sector minero. “Que todos los actores concurran al proceso pero cada uno dentro de sus competencias, y que una competencia no prime sobre la otra”, explica la presidente de la ACM.
Agrega que “la Corte Constitucional con la sentencia 123 establece que de manera concurrente el Estado con los entes territoriales deben desarrollar de manera conjunta los proyectos mineros. Así se coordinan los trabajos con la autoridad local y se organizan unas condiciones para desarrollarlos sin problemas”.
Así mismo, los citados ministerios están proyectando elaborar una ley estatutaria para establecer la competencia de la participación ciudadana en la actividad minera. “El problema no es la consulta popular, sino lo que se pretenda hacer con la consulta popular en los proyectos de extracción”, afirma.
“El tema gira en torno a la definición de competencias entre el orden central y el orden local, por esto cobra importancia el reciente fallo de la Corte Constitucional que sumado al concepto que emita en los próximos días el Consejo de Estado, terminarán por definir a quien le corresponde vigilar la actividad minera”, explica Silvana Habib.
Para la presidente de la ACM, será importante el concepto del Consejo de Estado porque marcará el precedente para el tema de consultas populares mineras. “Lo que va a hacer el alto tribunal es un control de legalidad de este tipo de consultas y como se está haciendo el uso de esa herramienta como mecanismo de participación”, subraya.
La ACM aplica la ley y cumple los fallos judiciales. Y en este marco la actividad minera sigue su rumbo ya que para su Presidenta no está prohíbida. Pero insiste en que se deben establecer unas reglas de juego claras. Y lo que se necesita precisamente es presentar una norma legal que permita tener mayor certidumbre jurídica para adelantar sin traumatismos los proyectos mineros.
ALTAS CORTES DEFINEN FUTURO DE LA MINERÍA
Mientras la Corte Constitucional emitió un fallo de tutela con respecto a un proceso interpuesto por una ciudadana de Pijao (Quindío) y que confirma que los entes territoriales pueden adelantar consultas populares para avalar proyectos mineros, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió suspender de manera provisional la consulta minera programada el próximo domingo, 30 de octubre, en Ibagué.
El magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Hugo Fernando Bastidas, en el auto que resuelve la medida provisional señala que no solo ésta, sino otras tutelas (5 en total) deben ser revisadas, y que fueron instauradas en contra del mecanismo de participación de la Alcaldía de Ibagué.
“Podría resultar mucho más caótico que se someta a consulta la pregunta, a pesar de que la providencia que la declaró constitucional está siendo cuestionada mediante varias acciones de tutela, pues la votación prácticamente culmina con el trámite de la consulta popular”, señala el magistrado Bastidas en el texto.
Fuente: www.portafolio.co
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