La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que establecía que, cuando el desarrollo de actividades mineras, turísticas o de otro tipo, presentara un cambio significativo en el uso del suelo que diera lugar a la trasformación de actividades tradicionales del municipio, se debía realizar una consulta popular para establecer si la población estaba o no de acuerdo.
Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, “esta decisión ratifica el orden constitucional del país acerca de las competencias entre los entes territoriales y la nación, y por tanto permite que el sector pueda desarrollarse en similares condiciones que otros sectores productivos, como el turístico o el agropecuario”.
¿Qué se debe buscar en el debate minero? Lo primero es desvincular los intereses políticos de la discusión del desarrollo de regiones, municipios y comunidades. Lo que no se quisiera en Santander y el país es fomentar un debate acerca del desarrollo de los municipios y regiones sobre lo técnico, las cifras, efectos y consecuencias, sino un debate formado, sin intereses de lo político, ideológico, donde participen las universidades, los comités ambientales de manera honesta, pensando en el desarrollo de esas comunidades y no es sus beneficios particulares.
¿Entonces, la oposición de la actividad minera no está hablando con total verdad? El desarrollo de actividades mineras, de proyectos como Soto Norte tendrán un impacto no solo en los municipios del área de influencia, sino en la región y en el país. El debate del desarrollo de municipios agrícolas, de proyectos industriales, debe ser un debate no de opuestos, sino entre todos e informados, que se debe promover, más equilibrados, cada uno desde sus posiciones, pero intentando llevarlo a acuerdos.
¿Qué balance dejó la producción minera en 2018 y qué esperan para este año? El 2018 fue un año no tan bueno, hubo un decrecimiento del 5%. El año 2019 y 2020 son importantes para la diversificación de los minerales, en particular cobre. Para este año esperamos un panorama más positivo y que exista un crecimiento en el PIB de 7%, especialmente jalonado por la entrada de nuevos proyectos en materia de oro y de alguna forma el fomento para los próximos años de proyectos de diversificación de los minerales que el país tenga en su cabeza.
Siempre se ha dicho es que la actividad minera dejará más daños ambientales que las ganancias económicos, ¿qué opina? La minería legal, moderna, se desarrolla con los más altos estándares ambientales, eso lo único que significa es que los efectos ambientales que no se pueden de alguna forma mitigar en el sitio se compensen en otros lugares, esto se traduce en inversiones en manejo de cuencas y siembra de bosques. No es la discusión de la defensa ambiental, sino en hechos concretos en el ambiente, como lo hacen los proyectos modernos.
¿Desde la Asociación qué control y acompañamiento se hace en el proyecto Soto Norte? El proceso de licenciamiento es independiente del Estado, como debe ser. Eso tiene su curso, su trámite y su revisión con personas técnicas especializadas. No es el primer proceso de licenciamiento que existirá en el país, ya existen otros, de gran impacto, de compensaciones importantes, de balances hídricos, que ya han hecho estos procesos de licenciamiento, entonces lo que esto brinda es una absoluta garantía de que estos procesos se realizan con las variables técnicas que deben hacerse.
La Asociación por supuesto busca promover estos debates en lo local, regional y nacional. ¿Cómo reciben la decisión de la Corte Constitucional? Las últimas decisiones de la Corte Constitucional es que ese debate público y orden jurídico en materia de consultas populares va tomando el orden que debió tomar hace mucho tiempo. La Corte argumenta que el subsuelo pertenece a la Nación, quien determinará cómo se explota de manera responsable, sostenible y que involucre a las comunidades en el entorno. La Corte dice es que los municipios no pueden de alguna forma decirle a la Nación qué hacer con sus recursos, por distintos mecanismos de participación ciudadana, los cuales deben fomentarse dentro del ordenamiento jurídico.
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