Estos son los cambios que vivirá la minería en México con AMLO

Tras cinco años difíciles para la industria minera del país, debido a los bajos precios de los metales, nuevos impuestos y derechos, e inseguridad, el panorama para este sector que contribuye con el 2.5% del PIB nacional y genera casi 400,000 empleos directos, luce incierto, sobre todo para las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras, que se han visto beneficiadas por la flexibilización de las leyes laboral, minera y ambiental, y el otorgamiento de concesiones.

La llegada de Andrés López Obrador a la presidencia de la República y el retorno de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Mineros, que agrupa a más de 250,000 trabajadores, y senador por Morena, han prendido los focos rojos el sector.

Y es que, si bien el tabasqueño ha ofrecido reconciliación a los grandes empresarios mineros del país, no hay que olvidar que hace cuatro años, durante una gira por Minatitlán, Colima, acusó a las compañías mineras de especular y ganar dinero en las bolsas de valores de Canadá y Estados Unidos, con los más de 60 millones de hectáreas concesionadas por los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón (hoy se habla de poco más de 90 millones). “A nosotros nos van a tener que demostrar que las están trabajando…Todo esto lo vamos a ordenar”, advirtió.

Incluso, hoy se habla de la posibilidad de que el gobierno de López Obrador haga una consulta para preguntar al pueblo qué hacer con las tierras concesionadas que no se trabajan y que son utilizadas para otros fines, como lo hizo con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, que finalmente fue cancelado.

Todo parece indicar que la flexibilización de las leyes de que gozó la industria minera en los últimos 30 años y que les permitió acaparar una tercera parte del territorio nacional a través de concesiones de hasta 100 años, sin ninguna restricción, llegó a su fin.

Regulación en puerta

Y un claro ejemplo es la iniciativa de reformas a la Ley Minera, presentada en noviembre pasado en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República. La iniciativa, elaborada por la senadora Angélica García, fundadora de Morena y quien falleció en diciembre pasado, busca regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla la actividad.

Actualmente, la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.

La propuesta tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.

También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo; y garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a las reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

Otro ejemplo de los cambios que tendrán que enfrentar los grupos mineros que operan en el país, es la negativa del presidente de la República de permitir la fractura hidráulica (fracking) en México y la producción minera en áreas naturales protegidas.

Esta iniciativa, subraya la doctora Aleida Azamar Alonso, docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es positiva para frenar la devastación provocada por la extracción de petróleo y gas, así como para resguardar las 182 áreas protegidas, en 50% de las cuales había proyectos mineros nuevos que probablemente ya no tengan continuidad.

Pero esto apenas es el principio del nuevo orden que se pretende en este sector. En entrevista con Alto Nivel, Gómez Urrutia deja en claro que vendrán más cambios y que las empresas deberán aceptar y adaptarse a los nuevos vientos.

Pero no será una tarea fácil. El líder sindical reconoce que las empresas mineras cuentan con el apoyo de algunos partidos de oposición en el Senado y la Cámara de Diputados, lo que podría complicar la aprobación de dichas reformas.

“En la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado, de la que soy integrante, hay senadoras y senadores de estados mineros, como Coahuila, Sonora, Chihuahua y Zacatecas, que simpatizan con compañías que tienen operaciones en esas entidades, pero tenemos los argumentos para convencerlos y sacar adelante las reformas que se están promoviendo”, comenta.

Certidumbre, ¿para qué?

En noviembre pasado, Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), se reunió con integrantes de las comisiones de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos, en el Senado, para analizar la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.

Ahí, el también director general de Industrias Peñoles reconoció que existe preocupación e inquietud por la iniciativa presentada, y pidió participar en el análisis a profundidad “de las consecuencias que podría tener la aprobación de una propuesta de esta naturaleza”.

“La reforma plantea una serie de opciones adicionales con las que podrían perderse concesiones, lo que nos causa incertidumbre. Está en todos los agremiados la preocupación de qué va a pasar con la Ley Minera y si seguirán existiendo las condiciones en el país para seguir invirtiendo”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que México ha perdido mucho la atracción de inversiones. “En 2012 ocupaba el número 11 en esta materia. En el último estudio, de febrero de este año, bajó al lugar 44”.

Destacó que la industria minera genera 371,500 empleos directos en el país y dos millones de forma indirecta; paga 14,446 millones de pesos (mdp) por el derecho minero, establecido en 2014, y erogó por impuestos 35,000 mdp en 2017.

Para seguir creciendo, subrayó Alanís Ortega, la minería necesita certidumbre, pues son inversiones a largo plazo con 10 años de maduración. Es muy importante tener certidumbre jurídica para seguir generando inversiones, empleo y bienestar en las comunidades donde operamos.

Gómez Urrutia le reviró: “Se requiere certidumbre ¿para qué?: ¿para continuar la actividad minera en los términos en los que se viene dando?, ¿en la gran concentración de tierras?, ¿cuál será el límite al acaparamiento de las tierras? Hoy, casi una tercera parte del territorio nacional ya está concesionado. Por ello, es necesario que exista una regulación de las actividades mineras con gran responsabilidad para garantizar el futuro y desarrollo del sector, sin abusos ni contaminación y de manera pacífica”.

Sin embargo, todo parece indicar que las empresas mineras estarían dispuestas a participar del cambio que propone el nuevo gobierno.

En ese encuentro, Jaime Lomelí Guillén, presidente del Clúster Minero de Zacatecas, dijo que están muy interesados en formar parte de las decisiones que se tomen en el recinto legislativo (Senado) para impulsar una minería moderna, compatible con el medio ambiente, con beneficios compartidos con las comunidades y generadora de certeza jurídica para las empresas.

Un gran negocio

Y no es para menos. La industria minera en México es, sin duda, un gran negocio. En 2017, el valor de la producción minero-metalúrgica en el país ascendió a 12,772 millones de dólares (mdd), lo que representó un crecimiento de 1.8% respecto a un año antes (12,543 mdd). Este año el crecimiento se mantendría en niveles similares, según la Camimex.

Hoy, México es el principal productor de plata del mundo, el tercer destino de inversión en exploración en América Latina y el sexto en el mundo; y el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros. De ahí que dicho organismo haya buscado un acercamiento con diversas autoridades de la administración pública.

“Queremos trabajar con el gobierno para atender aquellos temas pendientes y fortalecer la competitividad internacional que tanto beneficia al desarrollo del país, pero sobre todo traer más empleos de calidad que beneficien a comunidades y a más familias mexicanas; hoy son más de dos millones personas las que laboran directa e indirecta en la minería mexicana”, comenta Sergio Almazán, director general de la Camimex.

Incluso, estima, México se podría convertir en el quinto país minero en el mundo, generar hasta 20,000 nuevos empleos al año y llegar a representar el 4% del PIB del país (hoy representa el 2.5%).

“Estamos muy optimistas en el sentido de que este diálogo se traduzca en crecimiento y beneficios para los trabajadores, las comunidades, el gobierno y todos los involucrados en el sector minero”, dice Almazán, en entrevista.

Sin embargo, las pláticas podrían complicarse, debido a que la Cámara pondría en la mesa de negociaciones cuatro temas prioritarios: lograr una política tributaria competitiva, seguridad jurídica, certeza sobre la tenencia de la tierra y lograr una eficaz seguridad patrimonial.

Por lo pronto, febrero y marzo serán meses clave para el nuevo gobierno, pues se estaría aprobando la iniciativa de reformas a la Ley Minera en el Senado y la Cámara de Diputados.

Cifras de la industria minera

• 1er lugar ocupa México en producción de plata a nivel mundial.
• 3er destino en inversión en exploración minera en América Latina y 6º en el mundo.
• 4,302 mdd invirtió el sector minero en el país durante 2017.
• 5º país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros.
• 1.8% creció el valor de la producción minero-metalúrgica en 2017, pasando de 12,543 mdd en 2016 a 12,772 mdd.
• 6º lugar ocupa la minería en México como generadora de divisas.

Fuente: www.altonivel.com.mx