Más de 2.640 predios necesarios para realizar las vías de cuarta generación (4G) ya están en poder del Estado colombiano.
De acuerdo con cifras entregadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para las tres olas de proyectos y las iniciativas privadas, ya están en manos del Gobierno Nacional 2.642 terrenos, cuyo costo ya supera el medio billón de pesos.
Según la entidad, “uno de los hechos imprescindibles para la ejecución de los principales corredores viales de cuarta generación es la adquisición de los predios e inmuebles necesarios para cumplir con los diseños trazados, independientemente del uso que tenga. Esta tarea es fundamental para el avance de las obras y el cumplimiento de los cronogramas establecidos por los concesionarios y aprobados por las interventorías”.
Desde 2015 y hasta agosto de 2018 se habían adquirido 1.430 predios, mientras que en los nueve meses que lleva el gobierno de Iván Duque ya se han comprado 1.212.
La ANI también reveló que en la actualidad, hay disponibilidad de 75% de la longitud predial requerida para la construcción de las autopistas 4G, lo cual permite iniciar obras en el momento sin impedimentos de terrenos.
En plata blanca, esto quiere decir que de cada cuatro terrenos para la construcción de las autopistas 4G, tres ya están disponibles, es decir, se encuentran en el proceso de ser adquiridos por el Estado, pero aún están en manos de los privados.
En total, para la ejecución y el desarrollo, se requieren 4.797 kilómetros, de los cuales ya están disponibles 3.584.
“Este avance ha sido gracias a la gestión del cuarto de reactivación encabezado por el Ministerio de Transporte y el Comité Intersectorial de la Vicepresidencia de la República, en el cual la gestión de los concesionarios y el trabajo de seguimiento y supervisión en la ejecución de los contratos de concesión por parte de las interventorías y de la ANI, ha sido clave”, aclaró la entidad, en un comunicado.
Para determinar el valor de los predios que se requieren para la construcción, se hace un avalúo comercial, que determina el costo que se debe pagar según los precios del mercado.
En caso de que una persona no acepte la oferta de compra, la ANI tiene un tiempo de ley en el cual deberá iniciar el proceso de expropiación judicial para que sea un juez quien determine el precio a pagarle.
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