Uno de los trámites más largos y difíciles para cualquier empresa que opere en el país en los sectores de hidrocarburos y minería es obtener la licencia ambiental.
A raíz de la posible revocatoria de la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a la petrolera Hupecol en La Macarena, una empresa dedicada a la elaboración de estudios ambientales y toda la documentación enumeró los detalles del proceso.
La firma aseguró que lo primero que se hace para elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es delimitar el área donde se va a realizar el proyecto, después se verifican en todas las entidades gubernamentales las áreas protegidas, si tienen restricciones y cuáles son: comunidades indígenas, cabildos, área de prospección para nuevas comunidades debido a desplazamientos por causa de grupos armados, negritudes, parques nacionales, planes de ordenamiento territorial, diferentes vedas de fauna y flora solicitadas por las comunidades o por las autoridades ambientales, reservas forestales, áreas de riego, etc.
En caso de que no haya ningún problema con los aspectos anteriores, se debe pedir un permiso de investigación científica a la Corporación Autónoma Regional responsable de la zona o directamente al Anla.
Enseguida y antes de comenzar el estudio, se debe tramitar ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn) el permiso de prospección arqueológica y solicitar ante el Ministerio del Interior una certificación de que en el área no hay comunidades.
Una vez obtenidas las respuestas de estas entidades se redefine el área de afectación e influencia directa e indirecta del proyecto y se determina el área física, para después proceder a hacer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a los términos de referencia de Ley.
Paralelamente se hacen las consultas previas con las comunidades, se solicita el levantamiento de vedas y se pide acompañamiento de la Anla para la investigación científica de fauna y consultas previas.
Cuando hay parcialidades de resguardos, que son las comunidades pendientes de convertirse en resguardos por el tema de los desplazados y que ahora están de moda, hay que esperar desde un año en adelante y no se puede hacer ningún estudio ni proyecto hasta que no estén legalizados.
En promedio para campos petroleros el costo es de 2.600 millones de pesos, 2.000 para el estudio como tal y unos 600 millones en la evaluación.
El mismo monto de dinero se ha manejado para ciertos tramos como los de la Ruta del Sol 2, aseguró la persona encargada de estos estudios.
La aprobación dura al menos seis meses
Por ley, la aprobación de la licencia ambiental por parte de la autoridad competente debe demorarse seis meses, pero esto depende de que la comunidad cercana al proyecto no se oponga, que la información suministrada en los estudios sea buena, de la subjetividad con que se avalúen, de la gestión o presión política debido a la importancia o prioridad para la Nación.
Hay proyectos que se licencian dentro de los seis meses estipulados por la ley, como hay otros que se demoran dos o más años en conseguirla.
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