En filosofía la figura de las aporías corresponde a situaciones difíciles de entender o, prácticamente, a callejones sin salida. Muchas veces las aporías surgen de premisas falsas, para llevar el análisis a unos dilemas que no tienen solución. Algo así está ocurriendo en el debate nacional sobre la minería, en cual unas voces quieren simplificar la discusión en falsos dilemas como minería o agua, minería o biodiversidad, minería o vida, haciendo de estas situaciones el detonante central de las consultas populares que se han planteado para rechazar proyectos de explotación.
La minería es un sector importante de nuestra economía. Genera empleos formales, es uno de los mayores dinamizadores de inversión extranjera directa, es fuente vital de regalías y, además, tiene un amplio consumo de bienes y servicios de la sociedad.
Adicionalmente, no existe una sola minería, hay manifestaciones de subsistencia, artesanal, pequeña, mediana y grande, que deben ser juzgadas con raseros distintos.
Colombia no es un país minero, pero sí un lugar con un elevado potencial minero. Si bien tenemos menos del 3 por ciento de las reservas mundiales de carbón, poseemos el 80 por ciento de las reservas del mineral en la región de Latinoamérica y el Caribe. Lo cierto es que, en oro, níquel y otros productos, Colombia tiene un gran futuro, si se logran insertar en cadenas de valor.
Los verdaderos desafíos del sector no son los que quieren plantear los promotores de la aporía. Existe una grave informalidad por cuenta de la cual se pierden muchos recursos que deberían ingresar al país a través de regalías. El 63 por ciento de las unidades de producción minera en el país no tienen un título minero. El 72 por ciento de las unidades tienen menos de siete trabajadores que, por lo general, son informales. En el caso del oro, 87 por ciento de las unidades de producción minera no cuenta con título.
Esa informalidad e ilegalidad que existen en el sector afecta la situación ambiental del país, generando un efecto dominó en deterioro del recaudo tributario, afectando el medioambiente y los sistemas de ordenamiento territorial. Basta con entender que el 76 por ciento de las unidades de producción minera no cuenta con permisos ambientales.
Hay que tener en cuenta esos elementos, de lo contrario estamos enfocando el problema donde no es. La minería legal de pequeña, mediana y gran proporción no pueden juzgarse con un lente único, y mucho menos el país puede darse el lujo de destruir un sector necesario para su futuro fiscal y social de la nación.
Colombia necesita fortalecer su sector de minería con una agenda clara y en función de la armonía que debe existir entre el desarrollo minero y las condiciones de vida de las comunidades, al igual que la protección de los ecosistemas.
¿Cuál es la agenda minera que necesita Colombia?
1.Formalización minera diferenciada: es fundamental que en el país exista un registro único minero que incluya a los artesanales, pequeños y medianos, y que permita esa formalización mejorando los estándares ambientales y sociales de manera gradual, basado en incentivos.
2.Reforma urgente al sistema de regalías: la última reforma a las regalías generó un daño enorme a las regiones productoras, reduciendo del 80 al 20 por ciento la repartición de las mismas. Una reforma ideal debe dejar 50 por ciento en las regiones productoras y 50 por ciento para una distribución nacional.
3.Fortalecer la agenda social y ambiental con las comunidades sin alterar la estabilidad jurídica: los proyectos mineros deben gozar de mejores estándares ambientales y sociales en diálogo con las comunidades, pero una vez otorgadas las licencias ambientales y de haber adelantado las consultas previas, debe garantizarse la estabilidad jurídica de los proyectos, advirtiendo que deben prohibirse la explotación en zonas de alto valor ambiental. El Gobierno debe mejorar las capacidades de supervisión para evitar que se presenten afectaciones sociales y ambientales, las cuales deben tener efectivas sanciones.
4.Actualización normativa y transparencia regulatoria: Colombia tiene que modernizar y actualizar la normatividad minera, y no dejar que los vacíos regulatorios se definan en los tribunales. Esos vacíos generan incertidumbre e impiden una normatividad transparente.
5.Agenda nacional de cierre minero: los proyectos mineros deben tener una agenda clara de su periodo de cierre y poscierre minero. Esto permite planificar proyectos de reforestación, aforestación y uso alternativo.
6.Lucha frontal contra la minería criminal: la producción minera para el servicio de grupos armados y criminales debe ser desmantelada, y acelerar la confiscación y extinción de dominio de la maquinaria empleada.
7.Integrar las cadenas de valor en el territorio nacional: es importante para Colombia que, en el caso del oro y de las esmeraldas, se pueda fortalecer la cadena de valor con la joyería orientada al mercado nacional e internacional.
Son muchos países los que han hecho de la minería una parte importante de su agenda de desarrollo, y Colombia no puede ser la excepción. La minería puede y debe adelantarse con los más altos estándares sociales y ambientales, pero debemos ir formalizando a los pequeños productores y facilitando su organización productiva.
Quienes quieren fomentar la aporía para destruir la minería condenan al país al subdesarrollo, o lo que es peor, evitan que la riqueza del subsuelo sirva para enfrentar la pobreza del suelo.
Fuente: m.portafolio.co
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