Apoyar el Sector minero en Colombia, podría generar hasta 60.000 empleos.

La reducción de la búsqueda de nuevos recursos mineros, que se ha dado en los últimos años debido principalmente a las consultas populares (cuyo efecto ya fue anulado por la Corte Constitucional) y a la oposición de algunos sectores, le ha representado a las zonas con potencial minero dejar de recibir millonarios recursos de inversión.

Esto las ha llevado a perder oportunidades económicas derivadas de los recursos que las empresas que buscan minerales destinan como parte su inyección de dinero para establecer si en las zonas hay o no depósitos de oro y cobre, entre otros.

Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en el país, cuando una empresa llega a buscar recursos potenciales, tomando muestras del subsuelo para hacer análisis que toman por lo menos 10 años, la mayoría de personas piensan, equivocadamente, que eso ya va a ser una mina y terminan frenando la posibilidad de recibir importantes sumas de dinero para su desarrollo local.

El presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño Alcocer, revela que en el mundo cada año se invierten aproximadamente 10.000 millones de dólares en exploración minera, pero Colombia participa solamente con menos del 1 por ciento (algo así como 300.000 millones de pesos), mientras que los mayores receptores de esa plata son Australia y Canadá, que captan alrededor del 30 por ciento, del total. Por su parte, en Latinoamérica, Chile, Perú y México reciben cerca del 10 por ciento, es decir, más de 3,2 billones de pesos al año.

«Se pierden oportunidades económicas relacionadas con los recursos que las empresas destinan para evaluar el potencial de las zonas»

De acuerdo con el directivo, esto quiere decir que muchas regiones del país se han negado la oportunidad de que llegue un dinero importante a sus arcas para desarrollo social, por lo menos durante diez años que dura la fase de búsqueda de minerales en las zonas con potencial, sobre todo teniendo en cuenta que es baja la posibilidad de que todos los proyectos de exploración pasen a fase de producción.

“De cada 15 proyectos en el mundo, sale uno si acaso, pero la actividad exploratoria, como valor para el país y para las comunidades, estamos dejándola de permitir”, señala el directivo.

Millonaria opción:

Quizás el caso más emblemático en este sentido es el polémico proyecto de oro La Colosa, en Cajamarca, Tolima, donde una consulta popular llevó a la minera Anglogold Ashanti a frenarlo, con el consecuente despido de 400 trabajadores; además, se truncó la posibilidad de que el municipio siguiera recibiendo entre 8 y 12 millones de dólares al año.

Según la compañía, al proyecto le faltaban, en el momento de ser interrumpido, entre tres y cinco años de estudios, y durante la fase exploratoria iban invertidos 360 millones de dólares, a los que se sumaron –del 2010 al 2016– más de 6.000 millones de pesos para fortalecer el medioambiente y la vocación agropecuaria, mientras que el 80 por ciento de las compras eran locales. Por casos como este, el gremio minero señala que es clave permitir la exploración, que también aporta conocimiento geológico.

Aunque no hay una estimación aproximada de las oportunidades de inversión desaprovechadas y en qué minerales se han perdido, el presidente de la ACM explica que en Colombia esta situación es evidente si se compara con los países del cinturón de cobre, que va desde Panamá hasta Chile. De hecho, en los últimos diez años, Perú ha sacado ocho proyectos de cobre, y Panamá, uno de 6.000 millones de dólares de inversión, “pero nuestro país no sacó ninguno”, anota.

Hoy existen unos 70 proyectos en fase de exploración, con trabajo para avanzar, de los cuales 12 son Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines) para el Estado, varios de ellos, de oro y cobre. Si estos últimos se dieran, las inversiones en los próximos años serían de unos US$ 6.000 millones.

Además, se calcula que si solo se tomaran los 12 Pines, habría la posibilidad de generar unos 20.000 empleos directos, de 40.000 a 50.000 indirectos, para un estimado de 60.000 plazas de trabajo, en un escenario conservador.

US$ 1.500 millones al año, meta de inversión foránea:

Otro tema relevante tiene que ver con la meta de inversión extranjera directa, la cual el Gobierno fijó en cerca de US$ 1.500 millones anuales para todo el cuatrienio, no discriminados únicamente en exploración, sino en general para las actividades de minería.

Según la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib Daza, ahora que a través del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el país ha avanzado en más del 70 por ciento en el conocimiento geológico para determinar el potencial minero del país, otra de las metas de los cuatro años es aumentar la producción minera y diversificar la matriz de minerales.

Y es que a pesar de tener una tendencia altamente favorable para prospectos y depósitos de minerales metálicos, especialmente de oro y cobre, el territorio colombiano está prácticamente inexplorado, con altas posibilidades para el ingreso de capital para exploración de nuevos proyectos en estos minerales.

«Colombia ha avanzado en más del 70 por ciento en el conocimiento geológico para determinar el potencial minero»

Pero para ello, y tras los complejos últimos años de conflictividad en los territorios, la ANM alista un proyecto de ley orgánica para establecer una norma que regule la concurrencia entre las autoridades territoriales y nacionales para la actividad minera.

La norma busca fijar las reglas de juego, toda vez que por las decisiones judiciales de los últimos años, el camino fue, con base en dichos fallos, iniciar una estrategia de relacionamiento y concertación con el territorio antes de otorgar un título minero.

Se trata de tener herramientas de conocimiento del subsuelo, potencial, información ambiental, técnica, y demás datos claves para decidir si se le da luz verde a un proyecto de exploración.

“Es una oportunidad de afianzar los proyectos mineros desde antes de su inicio, lo que disminuye los riesgos de conflicto y al contrario aumenta las posibilidades de desarrollo para los proyectos, los cuales además de haber pasado por procesos concertación y participación activa, pueden trabajar en iniciativas sociales partiendo de lo que la misma comunidad ha determinado”, aseguró la funcionaria.

Tomado de: www.eltiempo.com